Seguridad en Internet

El Gobierno reduce a la mitad la fianza exigida para certificar la firma digital

En consonancia con el objetivo de la futura ley, que no es otro que impulsar la creación de un mercado de firma electrónica en España, el Gobierno ha decidido rebajar considerablemente las exigencias de solvencia económica que deberán cumplir todas aquellas entidades que quieran certificar la rúbrica en España.

Así, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha elaborado un nuevo anteproyecto de ley en el que rebaja de seis a tres millones de euros la garantía mínima que los prestadores de servicios de certificación deberán aportar para poder operar en el mercado. De acuerdo con ello, la ley obliga a las empresas a constituir una garantía 'por importe de al menos tres millones de euros' a través de una fianza, un seguro de caución o un seguro de responsabilidad civil. En caso de optar por esta última modalidad, el seguro que contraten deberá contemplar las responsabilidades que la ley atribuye a los certificadores. El objetivo en todo caso es garantizar la indemnización por daños y perjuicios ocasionados tanto a los usuarios como a los terceros.

Pese a que la futura ley establece la libre prestación de servicio de los certificadores en libre competencia y sin necesidad de autorización previa, el texto marca muy de cerca a estas entidades con el establecimiento de un sistema de fuertes sanciones para aquellas que incumplan la ley. El anteproyecto prevé multas hasta de 600.000 euros por la comisión de sanciones muy graves, como la expedición de certificados de firma sin la suficiente garantía o el incumplimiento de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que dirige Josep Piqué.

Además, la ley facultará al Gobierno para adoptar medidas provisionales mientras se tramita el expediente de sanción, como la suspensión temporal de la actividad de la entidad de certificación, el cierre de su establecimiento y la publicación de la existencia de la posible infracción. En el hipotético caso de que la empresa se niegue a acatar estas medidas, el Gobierno podrá imponer multas coercitivas hasta de 6.000 euros 'por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas'. Como equilibrio a este severo régimen de sanciones, el anteproyecto suaviza la responsabilidad de los certificadores al liberarles del deber de responder en caso de daños cuando el usuario de firma electrónica descuide sus obligaciones sobre la confidencialidad de los datos o falsee la información suministrada al solicitar la rúbrica.