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Regulación

Las operadoras de móvil pedirán a Piqué que amplíe el plazo de duración de las licencias UMTS

Las operadoras de telefonía móvil solicitarán al nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, una mayor flexibilidad a la hora de exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos al adjudicarse las licencias UMTS, así como en relación a la duración de las licencias, el uso del espectro y la ejecución de los avales.

Las operadoras esperan que se amplíe el plazo de duración de las licencias, establecido en 20 años, según informaron fuentes del sector. De esta forma, pretenden que el tiempo de retraso en la puesta en marcha de la telefonía de tercera generación, prevista inicialmente en España para el mes de agosto de 2001, se recupere posteriormente en la duración de la licencia.

Actualmente, las operadoras están pagando por la reserva del uso de un espectro radioeléctrico que no pueden utilizar. Asimismo, se muestran partidarias de que el espectro adjudicado con cada licencia pueda ser "vendido o segmentado".

Al mismo tiempo, esperan que el Ministerio de Ciencia y Tecnología muestre cierta permisividad en el caso de que no se puedan cumplir algunos de los compromisos adquiridos con las licencias, que incluían tanto condiciones de despliegue de red como compromisos de inversión y creación de empleo. Las operadoras señalan que la situación del mercado es radicalmente diferente a la del momento de adjudicación de las licencias, tanto por la situación del sector como por el retraso en el desarrollo de la tecnología.

Precisamente, Piqué afirmó ayer el Gobierno podría flexibilizar el plazo para la implantación de la telefonía móvil de tercera generación.

Más apagones

Por otra parte, las operadoras han mostrado su preocupación por la práctica paralización del despliegue de red por la polémica suscitada con las antenas. Insisten en que, de mantenerse esta situación, los 'apagones' pueden extenderse a zonas más amplias y está en peligro el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

Así, señalan que de las apróximadamente 30.000 antenas existentes en España, todas ellas emitiendo con niveles inferiores a los fijados por la Administración, centenares se encuentran apagadas por este conflicto, lo que está generando problemas de cobertura en algunas zonas. "Actualmente hay zonas, manchas, sin cobertura, pero si esto no se soluciona el problema será mucho mayor el próximo verano", indicaron.

Por este motivo solicitaron la colaboración de todas las administraciones y, en especial, de las autoridades locales. Además, insisten en la necesidad de contar con una normativa única, ya que actualmente existen normas estatales, de las comunidades autónomas y más de 440 ordenanzas municipales diferentes.

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