Argentina

La justicia convalida la suspensión de las sentencias contra el 'corralito'

Se trata de la primera consecuencia de la visita que realizan a la capital argentina la denominada comisión de notables conformada por los ex gobernadores del Bundesbank, Hans Tietmeyer; del Banco de España, Luis Ángel Rojo; del Banco de Inglaterra, John Crow, y del gerente general del Banco Internacional de Pagos de Basilea, Andrew Crocket. Los cuatro plantearon la necesidad de frenar la salida de dinero de los bancos, en la misma línea de lo que sostiene el ministro de Economía, Roberto Lavagna. La comisión de notables, que ayer finalizó su trabajo, anunció que en una semana elevará sus recomendaciones para resolver la crisis financiera de Argentina, que serán enviadas al FMI y al Gobierno de Duhalde.

Un de los 12 jueces dijo ayer que 'hay un decreto, es jurídicamente válido, de modo que por ahora quedan preliminarmente suspendidos los mandatos que estaban por ejecutarse'. Otras fuentes judiciales señalaron que la Corte Suprema de Justicia ha brindado un fuerte respaldo a los magistrados. 'Haremos lo que ustedes decidan', fue el mensaje que la Corte envió a los 12 jueces.

El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, busca ganar tiempo de aquí a febrero, mes en el que se cumplen los 120 días hábiles, cuando el país estará en vísperas de las elecciones presidenciales convocadas este mes por el Gobierno de Duhalde. Por otra parte, la comisión de notables recibió garantías por parte de miembros del Congreso de que éste adoptará en breve medidas que respalden lo decidido ayer por el Ejecutivo.

El decreto es duro, ya que no sólo impide al juez ordenar la devolución del dinero a través de una medida cautelar, sino que también le prohíbe hacerlo con la sentencia definitiva del juicio de amparo. Las únicas excepciones contempladas en el texto son los ahorristas mayores de 75 años o aquellos que tengan un problema de salud grave.

Un aspecto muy interesante y que dice mucho de la orientación del actual Gobierno es que el decreto se fundamenta en la necesidad de 'entablar las negociaciones de la deuda externa pública argentina con acreedores privados y con los organismos internacionales'. Desde este punto de vista, el texto sostiene que 'la continuidad de las extracciones de fondos y reservas, aunque satisfagan el interés individual, produce una lesión grave e irreparable al interés común prevaleciente y superior de todos los sectores sociales y económicos de la nación'. Es decir, de los acreedores.