Inmobiliario

Los promotores de VPO reclaman un cambio en la política fiscal de vivienda

El descenso del número de viviendas libres iniciadas no se está compensando con una mayor promoción de vivienda de protección oficial. Mientras que el total de proyectos visados descendió en 2001 un 6%, los de vivienda pública cayeron el doble, un 12,7%. Prosigue así el deterioro en la promoción de vivienda pública iniciado en 1997. En los últimos cuatro años -1998/1991-, que coinciden con el periodo comprendido por el último Plan Nacional de Vivienda, se iniciaron 2.035.158 viviendas, de las cuales sólo 208.153 fueron promovidas con algún tipo de protección. La cuota anual de la vivienda protegida en este periodo fue del 10,33%. En 2001, esta cuota cayó al 9,3%.

La asamblea general de la Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas (Agecovi), celebrada la semana pasada en Madrid, ha sido uno de los últimos foros en los que se han desmontando con todo tipo de datos las argumentaciones de distintos responsables públicos, incluido el Ministerio de Fomento, de que si no hay más oferta de VPO es porque, sencillamente, no hay más demanda.

En el informe presentado ante la asamblea se rebate este razonamiento oficial, al tiempo que se recuerda que la VPO no es algo que genere libremente el mercado, sino que, por el contrario, depende directamente de decisiones de las distintas Administraciones públicas.

'La mera determinación del precio máximo de venta parte de las instituciones públicas; la fijación de un porcentaje de repercusión del suelo, la regularización de subvenciones y ayudas para el adquirente, las reservas obligatorias de suelo para VPO son, entre otras muchas, decisiones de exclusiva competencia del Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos', advierte el informe, para insistir en algo que aunque obvio parece necesario recordar: que una mayor o menor construcción de VPO está directamente determinada por decisiones de las instituciones públicas. El informe anual de Agecovi analiza exhaustivamente la política fiscal, la política urbanística y de suelo y los planes estatales de vivienda, 'el triángulo', como se indica, 'en el que gravitan las políticas de vivienda' .

Reforma profunda

El informe reclama una reforma profunda en política fiscal y constata que mientras que las desgravaciones fiscales por compra de vivienda ascienden a 3.606 millones de euros anuales, las ayudas directas al adquirente suponen un gasto público de 600 millones (además una parte de este montante retorna a las arcas públicas por vía fiscal).

'En política urbanística y de suelo, su inspiración desregularizadora y ultraliberal ha dado prioridad a la producción de viviendas como estímulo a la actividad económica del sector promotor y constructor, sin tener en cuenta la necesidad de una oferta dirigida a los demandante con rentas medias-bajas', constata el informe de Agecovi.

En cuanto a los planes públicos de vivienda el estudio hace un recorrido histórico por los distintos planes, entre los que encuentra un hilo conductor: 'Las políticas públicas sólo contemplan la activación de la VPO como instrumento anticíclico que prescinde -hasta cierto punto- de las necesidades reales de importantes sectores de la demanda'.