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Caso Enron

La condena de Andersen allana el camino de la justicia contra Enron

Andersen ha sido declarada culpable de obstrucción a la justicia por no indicar en un informe, a sugerencias de una abogada contratada por la firma, Nancy Temple, las dudas sobre la legalidad de algunas transacciones contables. Indirectamente, puesto que no era el objeto del juicio, el jurado que ha castigado a la auditora ha considerado probado que Enron se sirvió de Andersen para ocultar a sus inversores la verdadera situación de la compañía. Los cargos de obstrucción a la justicia por los que se llevó a la firma al banquillo, la destrucción de documentos, fue considerada por el jurado 'superficiales y circunstanciales'.

El Gobierno, a través del Departamento de Justicia, creó una división especial para el caso Enron, cuyo primer fruto se recogió el sábado con la condena a Arthur Andersen, el negocio estadounidense de Andersen Worldwide. Ahora los abogados del departamento tienen más evidencias contra la compañía energética y sus querellas se unirán a las presentadas por trabajadores e inversores de la empresa contra ésta y algunos de los bancos y firmas de abogados que presuntamente ayudaron a crear el gran fraude. Fundamentar el caso contra Enron es importante porque por muy escandalosas que sean las conductas que hasta ahora se conocen, los cargos tienen que ser claros para no dejar cabos sueltos, como ha ocurrido en el juicio de Andersen. La acusación de fraude se basa en la evidencia de que los ejecutivos de Enron conocían la situación de la compañía y la vieron caer no sólo sin dar ninguna información a sus inversores, sino también intentando ocultar las trampas. Según expertos legales consultados por Bloomberg, las comunicaciones con Andersen y la existencia de las sociedades fuera de balance permiten fundamentar la acusación.

Información privilegiada

Por lo que respecta a los cargos de información privilegiada, a los que se refieren ya varias querellas presentadas por particulares, los abogados del Gobierno tendrán que probar que ejecutivos de la empresa como su presidente, Kenneth Lay; el consejero delegado, Jeffrey Skilling y el financiero Andrew Fastow, vendieron acciones por millones de dólares al conocer información a la luz de las evidencias sobre el deterioro progresivo de Enron.

Además de las acusaciones que se incluyan en las demandas y querellas contra la empresa, se estudia perseguir por la vía judicial a varios ejecutivos por otros cargos. De lo que están seguros los expertos legales es que la abogada Nancy Temple, que asesoró a Andersen y ha jugado un papel fundamental en su caída, será objeto de demandas por obstrucción a la justicia. Temple se amparó en la quinta enmienda para evitar testificar en el juicio contra Andersen.

Respecto a la repercusión que esta decisión pueda tener en España, fuentes de Andersen insistieron en que la compañía española está desvinculada de la estadounidense desde el pasado mes de marzo y que, por tanto, las actuaciones que se llevan a cabo en aquel país no interfieren para nada en las actividades que se desarrollan en España.

Andersen y Deloitte & Touche llegaron a principios de abril a un acuerdo para integrar ambas compañías y, por el momento, continúan a la espera de que se pronuncie el Servicio de Defensa de la Competencia, que abrió consultas el 21 de mayo. Según fuentes de Deloitte, el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, también ha pedido información a todas las compañías europeas en las que se llevará a cabo la integración, aunque no ha iniciado ningún expediente.

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