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Argentina

Las diferencias entre el Gobierno y los bancos traban la salida del 'corralito'

Además, los bancos insisten en que el canje sea obligatorio. Las entidades extranjeras no están dispuestas a traer más capital de sus casas matrices.

En este contexto, las declaraciones realizadas ayer por el presidente del estatal Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Feletti, complicaron aún más la situación del sistema financiero.

La entidad ha solicitado al Banco Central que le permita devolver depósitos del corralito en efectivo. Concretamente, el Banco Ciudad pretender devolver los depósitos pesificados de menos de 5.000 pesos (unos 1.500 euros) y pasar a cuentas a la vista todos los plazos fijos de menos de 30.000 pesos (unos 7.300 euros) de personas de más de 60 años. Feletti sostiene que su entidad tiene liquidez para hacerlo, siempre que el Central acepte quedarse con los títulos públicos que le ha entregado como garantía de los redescuentos que ha recibido para hacer frente a los retiros de dinero de los últimos meses.

La propuesta ya ha causado descontento en el sistema bancario. El Ciudad se ha colocado en la trinchera abierta por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien prefiere que los bancos arreglen la devolución de los depósitos con sus clientes, antes que una aplicación a fondo de su propio Plan Bonos. La paradoja tiene su explicación. Si bien Lavagna es el responsable del plan, funcionarios cercanos a él han explicado que los bonos han sido una respuesta a las demandas de amparo judicial de los ahorradores, al tiempo que sirven para cumplir con la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de terminar con el corralito. Sin embargo, el Fondo quería y quiere que los bonos sean compulsivos u obligatorios para los ahorradores, la misma tesitura de los bancos extranjeros que operan en Argentina. El Gobierno se opone, no sólo por razones políticas, sino también porque una masiva colocación de los bonos incrementaría significativamente la deuda pública en pesos y dólares.

De acuerdo con el plan, los ahorradores tienen 30 días hábiles para presentarse a los bancos y concretar el canje en pesos o dólares, de acuerdo con el monto de su depósito. Aunque no lo manifiesta abiertamente, Lavagna prefiere que quienes acepten la entrega de bonos a cambio de sus depósitos no superen el 30%, ya que de esa manera habría menos presión de tenedores de pesos que quieran comprar dólares. Y menor sería la carga de la nueva deuda emitida para el Estado. Por otra parte, si el resultado del plan no fuera exitoso, el ministro cree que por esa vía podría ejercer mayor presión sobre los bancos para que busquen la forma de devolver el dinero a sus clientes de manera progresiva. Pero los bancos no están dispuestos a devolver el dinero en efectivo a sus clientes. Y las entidades extranjeras no traerán más capital de sus casas matrices.

Los bancos rechazan la propuesta oficial realizada por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, para que las entidades devuelvan los depósitos a sus clientes antes de las fechas establecidas para la reprogramación de los depósitos a plazo fijo. Esas fechas habían quedado fijadas tras la devaluación de enero. El choque entre los bancos y el Gobierno complica el Plan Bonos.

Duhalde presiona al FMI para que envíe una misión negociadora

 

 

 

 

 

 

 

 

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, intentaba ayer comunicarse con la subdirectora del FMI, Anne Krueger, para insistir en la necesidad de que el organismo de crédito envíe una misión para iniciar las negociaciones para concretar una ayuda a su país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves pasado, Lavagna había intentado, sin éxito, convencer a Krueger. El Gobierno de Buenos Aires entiende que ya ha cumplido con las exigencias básicas del Fondo para discutir la ayuda financiera. En este sentido, el presidente Eduardo Duhalde exhibe ante Washington la derogación de la Ley de Subversión Económica y la Ley de Quiebras, por parte del Congreso, en la línea de lo exigido por el FMI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la negativa de Krueger la semana pasada obedece a una visión del proceso argentino que no ha cambiado en los últimos días. El Plan Bonos no tiene carácter obligatorio para los ahorradores, lo cual es otra de las exigencias del Fondo. Por otra parte, los acuerdos fiscales entre la Nación y las provincias argentinas no están cerrados, ya que la mayoría de los gobernadores no ha dado todavía su visto bueno a la reducción de gastos que les plantea el Gobierno nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este marco, el FMI no ve de qué manera se podría avanzar en la elaboración de un plan monetario y fiscal creíble. En principio, las metas monetarias que debe elaborar el Banco Central no pueden ser concretadas en tanto en cuanto no se conozcan los resultados del Plan Bonos que entró en vigencia ayer. Así, el Fondo querría esperar a ver la evolución de la situación antes de comprometer el envío de una misión que comience a negociar una carta de intenciones previa al desembolso de una ayuda que, de cualquier manera, sería muy limitada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión del presidente Eduardo Duhalde, por el contrario, es muy diferente. A su juicio, no existen posibilidades de éxito para el Plan Bonos y la lucha contra una amenazante hiperinflación sin el apoyo decidido del FMI. Lavagna intenta convencer a Krueger de que el Gobierno ha hecho todo lo políticamente posible.

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