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Límite de edad

Leal dice que fijar la edad de los consejeros limitaría el derecho de los accionistas

El presidente de la AEB, José Luis Leal, aseguró ayer que fijar un límite de edad a los consejeros de los bancos a través del Código de Buen Gobierno de las entidades financieras implicaría 'limitar' los derechos de los accionistas y que pese a que el Estado puede hacerlo 'todo', cree que normalmente se lo suele pensar antes de acometer una reforma de este tipo.

Leal, que participó en las XXIX Jornadas de Mercados Financieros, respondía así a la insinuación del presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, que subrayó que deberían ser las comunidades autónomas y las cajas, a través de sus estatutos, las que fijasen la edad límite de los consejeros a no ser que se considere una materia estatal, supuesto en el que debería afectar también a la banca.

Leal insistió en que los bancos son instituciones privadas y que son sus dueños, los accionistas, los que deben fijar el límite de edad de sus gestores y mostró su confianza en que esta situación se mantenga sin variación.

Leal señaló que el año 2002 será 'normal, sin grandes estridencias' para el sector bancario, y pronosticó que el saldo crediticio de los bancos crecerá alrededor del 10%.

Leal mostró su convencimiento, 'sin lugar a dudas', de que los bancos españoles están preparados para liderar operaciones transfronterizas e indicó que en un plazo de 15 o 20 años habrá grupos financieros en Europa más grandes, aunque matizó que no pasan indispensablemente por las fusiones, ya que pueden ser a través de acuerdos o cooperaciones más intensas que las actuales, e indicó que no sabe cuándo empezarán a fraguarse estas operaciones.

La directora general del Tesoro, Gloria Hernández, por su parte, dijo que 'me imagino que se analizará' en la futura Ley Financiera la situación de las cajas que están ligadas a la Iglesia (Cajasur, el Círculo Católico de Burgos y la CAI). De momento, estas cajas son competencia de Economía, y no de las comunidades autónomas, razón por la que Aragón y Andalucía, ambas del PSOE, han afirmado que recurrirán la Ley financiera si estas cajas dependen de Economía.

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