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Crisis argentina

Argentina se enfrenta a una completa reestructuración del sistema financiero

Los planes del día después. El Gobierno y el Banco Central de Argentina se muestran tan confiados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que diseñan los planes para acometer la reestructuración de todo el sistema financiero. La autoridad monetaria sostiene que el sistema deberá reducir su tamaño, que el sector público deberá reorientar su actividad y que la banca extranjera deberá seguir aportando liquidez a sus filiales. Los bancos extranjeros, y en particular los españoles, exigen cambios significativos en los planes del Gobierno para mantener su actividad. El nuevo esquema financiero depende, en todo caso, del 'sí' del Fondo Monetario.

El mapa financiero argentino se apresta a sufrir una profunda transformación, en la que la banca pública deberá reorientar su papel hacia el sector mayorista y donde los bancos extranjeros deberán aportar mayor liquidez a sus filiales para permanecer en el país. æpermil;se es el escenario que dibuja el presidente del Banco Central, Mario Blejer, según manifestó en una entrevista con Cinco Días.

'La reducción del sistema bancario es inevitable. El monto de los depósitos ha pasado de 85.000 millones de dólares (91.800 millones de euros) hace 14 meses a unos 15.000 millones (16.200 millones de euros) en su valor en pesos en la actualidad', reconoce Blejer. 'Ningún sistema financiero ha soportado una fuga bancaria semejante', advierte.

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Dadas estas condiciones, 'el futuro pasa por un proceso complicado de fusiones, reestructuraciones y recapitalización' de las entidades, señala el presidente del Banco Central. Un proceso que empieza por la aplicación del plan para liberar los fondos atrapados en el denominado corralito financiero.

Blejer, como la banca extranjera, quiere acotar la liberación de los depósitos a plazo fijo que están sometidos a un calendario de devolución. Sus principales argumentos son monetarios (mayor presión inflacionista y sobre el tipo de cambio), pero entiende que la banca privada no tiene liquidez suficiente para afrontar una retirada masiva de depósitos.

Por el contrario, el banquero central apuesta por no limitar la extracción de dinero procedente de las cuentas corrientes, de las que cada mes salen unos 4.000 millones de pesos (1.167 millones de euros) del sistema. Liberar al completo la retirada de estos depósitos aumentaría, a su juicio, la confianza en el sistema financiero.

Blejer admite que este plan 'va a poner presión sobre la liquidez de los bancos y el Banco Central va a tener que proveer [fondos] generosamente'. Según sus cálculos, la autoridad monetaria deberá aportar la mitad de la liquidez que demande el sistema' y buscar fórmulas para evitar una fuga de depósitos porque 'la alternativa es cerrar los bancos', reconoce abiertamente.

La banca privada también deberá tomar posiciones. 'Las filiales necesitarán aportar liquidez. Nuestra política ha sido eliminar el redescuento a aquellas entidades que, como el Scotia Bank o el Crédit Agricole, no lo han hecho', asegura. Estas dos entidades han abandonado su negocio en Argentina.

Blejer está convencido de que los bancos extranjeros seguirán inyectando liquidez a sus filiales argentinas. No obstante, las posiciones de la banca española no son tan claras. Las entidades agrupadas en la Asociación de Banca Argentina (ABA), todas las extranjeras, han criticado el carácter optativo, y no obligatorio, del plan del Gobierno para el corralito. Esto supone que los ciudadanos con depósitos a plazo fijo reprogramados podrán optar por transformar su dinero en títulos públicos o en materializar parte de los depósitos en efectivo. El Banco Central y los responsables de ABA reconocen que la mayoría de los ahorradores optarán por la liquidez, lo que agravará la situación de las entidades.

Amenaza española

Los bancos españoles expresan claramente su temor a una abierta discriminación de la política de liquidez del Banco Central en favor de las entidades públicas y nacionales, con lo que los fondos a ofrecer a la banca extranjera a través del tipo de redescuento serían prácticamente inexistentes. Por ello reclaman garantías legales que establezcan el orden de prioridad en función del tamaño de las entidades. De lo contrario, 'y en esas condiciones, nos vamos', aseguran rotundas fuentes bancarias en Madrid.

La baza de la banca española es que su presencia en Argentina corre a cargo de dos filiales, no oficinas dependientes directamente de la matriz. En el caso de una hipotética declaración de quiebra por parte de las filiales, ni el BBVA ni el SCH serían entonces responsables de las pérdidas que tuvieran en Argentina.

Sin embargo, el coste de esta decisión, en términos de imagen en el resto de América Latina, es demasiado alto. Fuentes financieras en Argentina recalcan que en ese caso la opción sería 'esperar a que nos echen'.

El mapa financiero argentino se apresta a sufrir una profunda transformación, en la que la banca pública deberá reorientar su papel hacia el sector mayorista y donde los bancos extranjeros deberán aportar mayor liquidez a sus filiales para permanecer en el país. æpermil;se es el escenario que dibuja el presidente del Banco Central, Mario Blejer, según manifestó en una entrevista con Cinco Días.

'La reducción del sistema bancario es inevitable. El monto de los depósitos ha pasado de 85.000 millones de dólares (91.800 millones de euros) hace 14 meses a unos 15.000 millones (16.200 millones de euros) en su valor en pesos en la actualidad', reconoce Blejer. 'Ningún sistema financiero ha soportado una fuga bancaria semejante', advierte.

Dadas estas condiciones, 'el futuro pasa por un proceso complicado de fusiones, reestructuraciones y recapitalización' de las entidades, señala el presidente del Banco Central. Un proceso que empieza por la aplicación del plan para liberar los fondos atrapados en el denominado corralito financiero.

Blejer, como la banca extranjera, quiere acotar la liberación de los depósitos a plazo fijo que están sometidos a un calendario de devolución. Sus principales argumentos son monetarios (mayor presión inflacionista y sobre el tipo de cambio), pero entiende que la banca privada no tiene liquidez suficiente para afrontar una retirada masiva de depósitos.

Por el contrario, el banquero central apuesta por no limitar la extracción de dinero procedente de las cuentas corrientes, de las que cada mes salen unos 4.000 millones de pesos (1.167 millones de euros) del sistema. Liberar al completo la retirada de estos depósitos aumentaría, a su juicio, la confianza en el sistema financiero.

Blejer admite que este plan 'va a poner presión sobre la liquidez de los bancos y el Banco Central va a tener que proveer [fondos] generosamente'. Según sus cálculos, la autoridad monetaria deberá aportar la mitad de la liquidez que demande el sistema' y buscar fórmulas para evitar una fuga de depósitos porque 'la alternativa es cerrar los bancos', reconoce abiertamente.

La banca privada también deberá tomar posiciones. 'Las filiales necesitarán aportar liquidez. Nuestra política ha sido eliminar el redescuento a aquellas entidades que, como el Scotia Bank o el Crédit Agricole, no lo han hecho', asegura. Estas dos entidades han abandonado su negocio en Argentina.

Blejer está convencido de que los bancos extranjeros seguirán inyectando liquidez a sus filiales argentinas. No obstante, las posiciones de la banca española no son tan claras. Las entidades agrupadas en la Asociación de Banca Argentina (ABA), todas las extranjeras, han criticado el carácter optativo, y no obligatorio, del plan del Gobierno para el corralito. Esto supone que los ciudadanos con depósitos a plazo fijo reprogramados podrán optar por transformar su dinero en títulos públicos o en materializar parte de los depósitos en efectivo. El Banco Central y los responsables de ABA reconocen que la mayoría de los ahorradores optarán por la liquidez, lo que agravará la situación de las entidades.

Amenaza española

Los bancos españoles expresan claramente su temor a una abierta discriminación de la política de liquidez del Banco Central en favor de las entidades públicas y nacionales, con lo que los fondos a ofrecer a la banca extranjera a través del tipo de redescuento serían prácticamente inexistentes. Por ello reclaman garantías legales que establezcan el orden de prioridad en función del tamaño de las entidades. De lo contrario, 'y en esas condiciones, nos vamos', aseguran rotundas fuentes bancarias en Madrid.

La baza de la banca española es que su presencia en Argentina corre a cargo de dos filiales, no oficinas dependientes directamente de la matriz. En el caso de una hipotética declaración de quiebra por parte de las filiales, ni el BBVA ni el SCH serían entonces responsables de las pérdidas que tuvieran en Argentina.

Sin embargo, el coste de esta decisión, en términos de imagen en el resto de América Latina, es demasiado alto. Fuentes financieras en Argentina recalcan que en ese caso la opción sería 'esperar a que nos echen'.

Un esquema condicionado al FMI

 

 

 

 

Para que funcione el esquema que Mario Blejer diseña, el acuerdo con FMI debería producirse a más tardar a finales de junio. æpermil;se es el margen que puede soportar el Banco Central con sus actuales reservas (unos 10.000 millones de dólares); fondos que utiliza tanto para impedir el desplome del peso como para aportar liquidez a los bancos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según sus datos, la autoridad monetaria ha aportado a los bancos desde enero 6.000 millones de dólares (6.480 millones de euros) a través del redescuento, lo que supone un 40% del total de depósitos que han salido del sistema en este tiempo. No obstante, ese importe también incluye el rescate al Banco Galicia, de capital argentino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el cumplimiento de los requisitos clave del Fondo -aprobación de la Ley de Quiebras, acuerdo fiscal con las provincias, derogación de la Ley de Subversión Económica-, el Gobierno y el Banco Central ven ya inevitable que el organismo acceda a la negociación de un acuerdo de asistencia financiera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blejer admite que, en esta ocasión, la ayuda no será muy cuantiosa. El Gobierno argentino maneja una cuantía próxima a los 9.000 millones de dólares (9.720 millones de euros). De ellos, buena parte ( 2.160 millones de euros) se dedicará a reconstituir reservas en el Banco Central, para que la entidad pueda insuflar liquidez a los bancos e instrumentar mecanismos para frenar la fuga de depósitos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la autoridad monetaria cree que ahora es más posible el acuerdo gracias a la decidida voluntad de Duhalde a aplicar las reformas del FMI.

Listo el plan que flexibiliza el 'corralito'

 

 

 

 

El Gobierno argentino hizo público el sábado su nuevo plan para flexibilizar el corralito. El decreto firmado por el presidente Duhalde otorga a los ahorradores la posibilidad de convertir sus actuales depósitos bancarios, congelados desde el 3 de diciembre, en bonos del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo plan prevé tres modalidades de bonos estatales, cuyo canje es voluntario. La idea del Gobierno es ofrecer a los ahorradores deuda con un plazo de vencimiento de tres, cinco y 10 años, denominada en pesos y en dólares, según los casos, títulos que podrán ser negociados al precio de mercado para el pago de deudas impositivas, para adquirir vehículos, maquinarias y viviendas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño financiero que hizo el Gobierno argentino dará a los ahorradores un plazo de 30 días para que decidan si optan por los bonos o por seguir con los depósitos congelados hasta que se encuentre otra solución al problema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El decreto entrará en vigor apenas aparezca publicado en el Boletín Oficial pero deberá ser ratificado por el Parlamento. Sin embargo, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, señaló que el Parlamento tiene un plazo de 10 días para expresar su oposición al decreto y, si no lo hace, quedará vigente de forma automática.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, consciente de que los ahorradores se niegan a recibir bonos de un Estado que ha declarado una moratoria en su deuda exterior, aseguró que el plan que sustituirá al corralito intenta repartir 'de manera equitativa el impacto de la crisis'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavagna negó que el nuevo mecanismo haya sido desautorizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 'Creo que hay (en el FMI) opiniones divergentes', dijo tras enumerar que los representantes de Estados Unidos, Francia, Brasil y Marruecos en el organismo multilateral se pronunciaron a favor de sustituir el corralito por un canje voluntario de bonos del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, admitió que otros técnicos del FMI se inclinaban por un 'una salida de canje obligatorio', lo cual, a su juicio, no constituiría una 'solución equitativa'.

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