El Gobierno no logra reducir la cuota de mercado de las grandes petroleras

Los Ministerios de Economía y Fomento, junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, elaboraron en el año 2000, coincidiendo con la pasada escalada alcista de los precios del petróleo, un ambicioso plan que establecía en 6.100 las gasolineras que necesitaba España para que los ratios de número de vehículos y de habitantes por estación de servicio y distancia entre los distintos surtidores se asemejaran a las cifras de los principales países europeos.

Según los datos de la Dirección General de la Energía referentes a 1999, España contaba entonces con más de 8.000 estaciones de servicio (incluidos los datos de los surtidores urbanos que en otras estadísticas no se consideran como punto de venta) o, lo que es lo mismo, 0,35 gasolineras por cada 1.000 vehículos, muy lejos de los 0,6 puntos de venta de media con que cuenta el resto de Europa.

La presentación del plan y su argumentación provocaron serias críticas por parte de los empresarios de estaciones de servicio, quienes ya avisaron que los problemas de los que adolece el mercado no se solucionarían con nuevas aperturas. Los propietarios de gasolineras advirtieron que las elevadas inversiones que requiere la construcción de una estación de servicio y el escaso margen de explotación obtenido por la venta de combustibles en un entorno de precios altos reduce la rentabilidad a niveles mínimos.

Plan de Fomento

Las cifras de nuevas aperturas dieron la razón a estas críticas y así en 2000 tan sólo se inauguraron 190 nuevos puntos de ventas, frente a los 249 de 1999 y el pasado ejercicio el ritmo de aperturas volvió a caer hasta las 99.

Con este ritmo de aperturas tan alejado de las previsiones realizadas en su día por Economía, el efecto inmediato que se ha producido en el sector es que las cuotas de mercado apenas han registrado variación alguna (ver tabla adjunta), justo lo contrario de lo que perseguía el Gobierno, que buscaba dar entrada a nuevos operadores, preferentemente empresarios independientes, capaces de arañar clientela a las tres grandes Repsol, Cepsa y BP (que en 2001 acapararon el 76,5% del negocio, casi idéntica proporción que en 1999).

Ni siquiera la limitación por decreto que estableció el Ejecutivo en junio de 2000 y que afectaba de lleno a las dos grandes (Repsol y Cepsa), que no podrán ampliar el número de puntos de venta en cinco y tres años, respectivamente, parece haber animado a su más directa competencia a invertir en nuevos surtidores.

Buen ejemplo de ese fracaso generalizado del plan de nuevas aperturas lo constituye la iniciativa protagonizada por el Ministerio de Fomento, que puso en marcha además un proyecto para la construcción de áreas de servicio en las nuevas autovías y autopistas de peaje actualmente en construcción. En el caso de las autovías, el plan prevé el aprovechamiento de los suelos de los que dispone Fomento, procedentes de sus expropiaciones y es, por tanto, la Administración la que convoca los concursos.

En el caso de las autopistas de peaje, son las empresas concesionarias de la vía las que convocan los concursos para la construcción y explotación de las gasolineras. En la actualidad se han licitado 25 áreas de servicio, de las cuales, hasta ahora se han adjudicado 18.

La actuación principal del plan de Fomento se concentra en los tramos de las nuevas autovías que se han venido construyendo los últimos años. De hecho, de las 64 áreas de servicio previstas en dicho plan para todo el territorio español, 35 se concentran en las autovías A-52, A-6, A-8 y la zona del Levante, lo que representa el 57% del total. Fuentes del sector petrolero han confirmado su decisión de dejar de acudir a dichos concursos ante las condiciones abusivas de los pliegos y la escasa rentabilidad que ofrecen esas instalaciones, lo que corrobora su escaso éxito.

Las constructoras se pasan al negocio del surtidor

 

Además de las duras condiciones que encierran los concursos para la construcción y explotación de las áreas de servicio de las nuevas autovías y autopistas, tal y como suscriben fuentes del sector, dichas instalaciones deben reunir unos elevados parámetros de calidad.

 

 

 

 

 

 

 

Todas ellas deben ser áreas de servicio de doble margen (con presencia en ambos sentidos de la vía) e incluir bares, restaurantes y hoteles. Por este motivo, la inversión media que deben realizar los adjudicatarios se eleva a un promedio de seis millones de euros. 'Este volumen inversor, unido a los altos costes de gestión, los reducidos márgenes comerciales y los plazos de concesión limitados, dificulta en gran medida la rentabilidad de los proyectos, con lo que resulta complicado alcanzar los umbrales mínimos exigidos', afirman dichas fuentes.

 

 

 

Y es que, además de las nuevas áreas de servicio, la oferta permanece en las carreteras antiguas, existiendo a pocos metros de las autovías verdaderas zonas de servicios, 'lo que da como resultado que la distancia media entre cada punto de venta sea de 35 kilómetros', añaden las fuentes, que también alertan que este aumento de la oferta, no compensada por un incremento del parque de vehículos equivalente, pone en peligro las ventas de las nuevas gasolineras.

 

 

 

Como resultado de estas cuentas realizadas por las petroleras y ante su decisión de no acudir a nuevos concursos, las pequeñas constructoras han tomado el relevo y ya han resultado adjudicatarias de 10 de los 18 concursos resueltos.