Agricultura

El Gobierno aprueba el Plan de Regadíos tras dos intentos fallidos

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha logrado por fin sacar adelante el Plan Nacional de Regadíos, después de que lo intentaran sus dos antecesores en el cargo: Jesús Posada y Loyola de Palacio. El proyecto contempla un mejor uso del agua, necesaria para regar 1,37 millones de hectáreas, mediante una inversión de 5.024 millones de euros.

El actual inquilino de Atocha ha gozado por fin del tiempo suficiente para elaborar y más o menos consensuar un intento de organizar las maltrechas acequias españolas que se dejan en el camino casi la mitad del agua que conducen. Ahora, el Ejecutivo acaba de aprobar el Plan Nacional de Regadíos, que contiene actuaciones hasta 2008, y cuya meta en este tiempo es actuar en 1.377.682 hectáreas, aproximadamente un 40% de los 3,5 millones de hectáreas que se riegan actualmente en España. Lo hará de cuatro maneras: consolidará y modernizará 1,1 millón de hectáreas, tras una inversión de 3.056 millones de euros; ultimará otras 138.000 hectáreas ya proyectadas, para lo que destinará 1.136 millones de euros; creará 86.000 hectáreas nuevas con un presupuesto de 681 millones de euros, y actuará en otras 18.000 hectáreas mediante la iniciativa privada, con un gasto de 123 millones de euros. Toda la actuación costará a las Administraciones y a la iniciativa privada 5.024 millones de euros.

El Ministerio de Agricultura y las comunidades, en parte mediante fondos del Feoga Garantía y el Feoga Orientación, aportarán 3.017 millones de euros y el resto lo asumirá la inversión privada.

El plan, cuyo fundamento es 'la modernización, ordenación y fomento de los regadíos españoles, dada la escasez e irregularidades de las precipitaciones', ha recibido la contestación desde el ámbito agrario. COAG considera que es un plan ambiguo que no garantiza su ejecución real, ya que ofrece un gran número de incertidumbres tanto a nivel financiero como de plazos en su ejecución. UPA considera que no es el plan que necesita la agricultura española, por el alto grado de contribución monetaria de los agricultores, la desconexión con el Plan Hidrológico, por la insuficiencia de actuaciones propuestas y por la ausencia de estudios concretos de rentabilidad de los cultivos.