Se suspende el juicio del PER hasta la semana próxima
El fiscal, Antonio Morales, pidió a la Sala la suspensión tras alegar que va a realizar "una modificación sustancial en beneficio de todos los acusados", aunque matizó que los hechos que llevaron a la acusación de los procesados no cambiarán.
La mayoría de los abogados de la acusación mostraron su disconformidad al considerar que no era el momento procesal para modificar las conclusiones y pidieron al tribunal que no se suspendiera, pero tras deliberar unos minutos la Sala acordó aplazarlo hasta el próximo lunes, ya que "es en beneficio de los acusados", según explicó el presidente de la Sala, Carlos Prieto.
Durante la sesión de esta mañana no han comparecido dos de los procesados, uno por enfermedad y otro por causas desconocidas, ni ha llegado a declarar ninguno de los acusados, puesto que sólo se ha leído el escrito de acusación del fiscal.
El fraude se cometió presuntamente en la localidad malagueña de Antequera entre 1990 y 1994 y el fiscal pedía hasta ahora penas de prisión de uno a seis años para diez de los 48 procesados, según la calificación provisional.
Además, la fiscalía malagueña pide que los encausados indemnicen solidariamente al INEM con más de 972.000 euros por las cantidades indebidamente percibidas.
En el escrito de acusación se mantiene que desde marzo de 1990 hasta noviembre de 1994 la principal acusada, M.R.E.C., -cuyo marido, N.P.P., también está imputado- certificó peonadas a 170 personas en Antequera y otras localidades del norte de la provincia "con el exclusivo fin de que éstas presentaran las correspondientes solicitudes de subsidios de desempleo" y obtuvieran las prestaciones a que daban lugar.
Este matrimonio, según el fiscal, percibía por acreditar jornales no realizados de 500 a 650 pesetas, lo que les produjo un beneficio de unos siete millones de pesetas.
La Fiscalía acusa también a ambos cónyuges de fingir relaciones laborales con al menos 170 personas para que éstas pudieran darse de alta en Régimen Especial Agrario, a las que cobraban 80.000 pesetas por todos los trámites.
El fiscal mantiene que los dos principales procesados contaron con la colaboración de otras ocho personas que hoy estaban sentadas en el banquillo de los acusados.
El próximo lunes el fiscal modificará sus conclusiones y posteriormente declararán los acusados y las 170 personas que hay citadas en calidad de testigos.