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Opinión
Columna
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Deuda odiosa

Miguel Ángel Fernández Ordoñez

Las cumbres como la de Monterrey suelen acabar en frustración porque después de describir muy bien los problemas existentes en el mundo, como el hambre, la malaria, el sida, la falta de agua potable, etc..., y después de haber convencido a todos del carácter trágico e inaceptable de estos problemas, no se adoptan decisiones para resolverlos. Los Gobiernos de los países desarrollados suelen anunciar vagas promesas y adoptan mezquinos compromisos concretos. Sin embargo, la preparación de estas cumbres suele estimular la realización de trabajos interesantes sobre posibles soluciones a los problemas de los países en vías de desarrollo.

Así, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional celebró el mes pasado una Conferencia sobre Políticas Macroeconómicas y Reducción de la Pobreza, con interesantes aportaciones como la de M. Kremer y S. Jayachandran, dedicada a la deuda 'odiosa' que paso a comentar.

Hay argumentos económicos y éticos para defender el perdón de la deuda. Los argumentos económicos son bien conocidos, y son los que están detrás de toda legislación concursal: cuando el peso de la deuda adquiere un volumen excesivo, hace imposible que los países -o las empresas- vuelvan a funcionar normalmente, y esto es dañino, no sólo para los propios países o para las empresas, sino también para los acreedores y para el conjunto de la economía.

El otro argumento que hoy se está esgrimiendo para no pagar la deuda es el de que esa deuda fue suscrita por Gobiernos que explotaban a sus pueblos. No parece que la población que fue injustamente oprimida por esos Gobiernos deba ser la que pague las deudas que muchas veces fueron la fuente de enriquecimiento de dictadores y opresores y que, por ello, se la denomina deuda odiosa.

En una de sus crónicas de la Conferencia de Monterrey, los corresponsales del diario El País daban un ejemplo de deuda acumulada por regímenes 'odiosos': 'La envilecida dictadura militar argentina (1976-1983) asesinó a cerca de 30.000 compatriotas, enriqueció a los servidores del potro y multiplicó la deuda externa desde 7.800 a 46.000 millones de dólares'. Esto es sólo parte de la deuda argentina, pero hay otros muchos países endeudados, como, por ejemplo, la Suráfrica del Apartheid, que fueron regímenes considerados 'odiosos' y que están hoy solicitando no pagar la deuda acumulada por esos regímenes.

Los autores del trabajo referido aceptan que esta deuda no debería pagarse, pero explican que tomar esta decisión a posteriori pudiera crear problemas de reputación en el país que así lo decidiera y, por ello, proponen que se plantee el problema de la 'deuda odiosa' a priori, esto es, anunciando a la comunidad financiera internacional que aquel que prestase a esos regímenes odiosos no tendría derecho a recuperar su dinero una vez que cambie el régimen.

Proponen que fuera una institución pública multinacional la que determinaría cuáles son los regímenes odiosos, de tal forma que las instituciones financieras supieran el riesgo que corren al prestar a los mismos. En la medida que las reglas del juego sean conocidas por anticipado, los acreedores sabrían cuáles son los países a los que pueden prestar y a cuáles no deberían prestar. La decisión de señalar a unos países dentro de esa categoría sería una sanción más a aplicar a este tipo de regímenes que se añadiría a las sanciones que hoy la comunidad internacional está aplicando.

Además, esta sanción tendría el incentivo de disminuir la aparición de dictadores en estos países, pues sabrían que no tendrían acceso a los créditos internacionales.

El problema de la propuesta presentada por Kremer y Jayachandran es la del diseño de la institución que declararía qué regímenes son odiosos y cuáles no, y esto nos lleva al principal problema que plantea la globalización hoy día, y es la falta de instituciones públicas internacionales, la ausencia de un cierto Gobierno a nivel mundial.

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