Terra afirma que pagó por iniciativa propia los impuestos en Cataluña
Terra aclaró ayer que su sede social y fiscal está en Barcelona, tras el debate abierto por la reclamación de la Comunidad de Madrid a la Generalitat de los 33,22 millones de euros en concepto de impuestos pagados por la compañía en 2000.
Un portavoz de la filial de Telefónica se limitó a aclarar la situación de las oficinas de la empresa, y no entró en el debate abierto sobre el destino de los impuestos, porque Terra pagó por propia iniciativa a la Generalitat el 26 de octubre de 2000 por la ampliación de capital que realizó la compañía para absorber a la compañía norteamericana Lycos. El importe total de la operación alcanzó los 2,3 billones de pesetas.
Los 33,22 millones de euros corresponden al impuesto cedido a las comunidades autónomas de actos jurídicos documentados. Terra trasladó su sede a Barcelona en 2000 en el marco de unos acuerdos entre el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga. Telefónica había adquirido recientemente el portal de Internet catalán Olé, una de las piedras angulares de la constitución de su filial Terra.
El viceconsejero madrileño de Hacienda, Enrique Ossorio, señaló anteayer que Terra debió pagar en Madrid y no en Cataluña los impuestos derivados de esta ampliación de capital, porque en aquella fecha había trasladado a Barcelona su sede social, pero no su domicilio fiscal. Según Ossorio, la regla que afecta a operaciones societarias dice que el impuesto se devengará donde radique la sede social, pero precisa que el domicilio fiscal estará allí donde se centralice la gestión administrativa y la dirección de los negocios.
No hay precedentes
Por otra parte, el ponente de la comisión fiscal del Colegio de Gestores de Cataluña, Jordi Altayó, dijo que 'no existen precedentes de que ninguna comunidad autónoma reclamara dinero a otra por un concepto de impuestos y sedes desde que acabaron las ventajas de régimen foral'.
Altayó añadió que 'con el Santander y el BBVA nunca se había entrado en este debate'. Ambos grupos bancarios operan desde Madrid, pero mantienen la sede en Cantabria y Euskadi.
Sin embargo, Altayó reconoció que el planteamiento de la Comunidad de Madrid podría tener fundamento: 'Si la dirección efectiva de Terra sigue estando en Madrid podría justificarse que los impuestos se paguen en Madrid'. Para Altayó una de las claves del conflicto está en dónde se reúne el consejo de administración.