Ayudas

Blair aportará 815 millones para salvar el ferrocarril británico privatizado

El Gobierno británico, en contra de lo defendido hasta ahora, echará mano del erario público para salvar Railtrack, la compañía ferroviaria privatizada y en suspensión de pagos. El Estado pondrá 500 millones de libras (unos 815 millones de euros) a disposición de la empresa Network Rail para hacerse cargo de los activos de Railtrack. Alrededor del 60% de los fondos provendrá directamente del Tesoro, y el resto, en forma de garantías oficiales.

Network Rail, que en realidad viene a ser el nuevo nombre de Railtrack, fue creada como sociedad sin fines lucrativos con el objetivo de ofertar por Railtrack y devolverla al sector privado. En cuanto a la estructura jurídica de la compañía, sus futuros propietarios serán directivos de los sectores público y privado, con un consejo de administración compartido que será responsable ante unos 100 representantes de los sindicatos, asociaciones de usuarios y autoridades del sector ferroviario.

Network Rail ha confirmado que cuenta con más de 13.000 millones de euros aportados por inversores privados, que se destinarán a compensar a los accionistas de Railtrack y a reestructurar el negocio. De esta forma, se evita un litigio entre el Gobierno y los accionistas e inversores en la antigua Railtrack, que fue declarada en suspensión de pagos el pasado mes de octubre cuando arrojaba un cash- flow negativo de más de 1.500 millones de euros.

Ian McAllister, presidente de Network Rail, afirmó que Railtrack podrá salir de suspensión de pagos en julio o agosto. En cuanto al enfrentamiento entre Railtrack y el ministro de Transporte, Stephen Byers, cuya gestión en la empresa de ferrocarriles fue duramente criticada por los accionistas, McAllister manifestó que 'pondremos punto final al enfrentamiento que con demasiada frecuencia ha caracterizado este sector tan fragmentado'.

Railtrack es la sociedad privada que heredó de la antigua compañía estatal British Rail la red nacional de ferrocarriles y estaciones cuando ésta fue privatizada en 1996. Desde su suspensión de pagos, la empresa se encuentra bajo administración judicial en manos de la firma de contabilidad Ernst & Young.

Las relaciones del Gobierno con Railtrack empezaron a enfriarse en 2000 tras una serie de accidentes mortales que pusieron de manifiesto la mala gestión de la compañía, además de las deficiencias de la red ferroviaria. Como consecuencia de estos desastres, en los que murieron casi 40 personas, el servicio nacional de ferrocarriles se quedó prácticamente paralizado durante meses mientras Railtrack realizaba obras de modernización de sus estructuras anticuadas.

Como propietaria de la red de ferrocarriles, Railtrack se financiaba con las comisiones que cobraba a las compañías de trenes privadas por el uso de la vía, las estaciones y el sistema de señalización.

No obstante, más del 50% de los ingresos de la sociedad procedía del Estado. 'Railtrack siempre ha carecido de una gestión centralizada y eficaz', afirmó un analista. 'Era una sociedad fragmentada que dependía de una extensa red de subcontratistas'.

Desde la quiebra de Railtrack, el ministro Byers siempre ha sostenido en sus declaraciones que el Gobierno no pensaba reflotar la compañía con dinero del contribuyente. Concretamente, en octubre del pasado año el ministro manifestó que podía afirmar con toda seguridad 'que no se pondrá dinero del contribuyente a disposición de los accionistas de Railtrack'.

Ayer Byers rectificó su política, insistiendo en que los fondos serían utilizados sólo si se veía clara una salida de la crisis. Además, el ministro añadió que cualquier financiación obtenida por Network Rail no contaría con el aval del Estado. 'Me alegro de que Stephen Byers haya entrado en razón', dijo Hugh Sergeant, director de renta variable de UBS Asset Management en Londres.