Microsoft contra el Estado

El interminable proceso legal contra Microsoft podría estar llegando a su fin tras más de cuatro años de litigio, varias sentencias y un lento curso de apelaciones. Declarada culpable de violar las leyes antimonopolio de EEUU en abril de 2000, la compañía de Bill Gates acude de nuevo a los tribunales para conocer su sanción definitiva.

Microsoft vuelve a ser noticia por su comparecencia ante los tribunales. El proceso legal que le condena por prácticas monopolísticas puede llegar a su final fijando una sanción. Desestimada su división en dos compañías, Microsoft ha llegado a un pacto extrajudicial con el Tribunal y varios estados para garantizar la competencia en el sector. Pero el acuerdo no convence a todos y la guerra sigue abierta. Nueve estados exigen sanciones más severas para la compañía y proponen la comercialización de una versión ¢sin añadidos¢ del sistema operativo Windows, lo que para el presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, obligaría a ¢retirar el sistema operativo del mercado¢.

El caso Microsoft se remonta a octubre de 1997, cuando el Departamento de Justicia demanda a la compañía de Bill Gates por abuso de poder al intentar controlar el mercado de navegadores por Internet.

Más de dos años después, el 3 de abril de 2000, el juez Thomas Penfield Jackson declara a Microsoft culpable de violar las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

Es entonces cuando el juez decide dividir Microsoft en dos compañías, en una sentencia que inicia una larga guerra judicial que llega al tribunal de apelaciones, que desestima la sentencia del juez Jackson .

En agosto de 2001, Colleen Kollar-Kotelly, juez de un Tribunal ordinario, sustituye a Jackson para fijar sanciones ¢más realistas¢ para el comportamiento desleal de Microsoft. Así, el juez propone un pacto extrajudicial entre las partes para decidir la sanción y el pasado 2 de noviembre Microsoft, el Departamento de Justicia de los EEUU y nueve estados llegan por fin a un acuerdo para poner fin al caso.

Sin embargo, otros nueve estados deciden seguir adelante con la batalla legal, al considerar que el compromiso alcanzado no garantiza la competencia en el sector.

El pacto introduce ciertas restricciones en el software de Microsoft, para garantizar la igualdad de condiciones en la instalación de las aplicaciones del resto de fabricantes.

Es aquí donde los tribunales retoman el caso. Desde el 18 de marzo y hasta el próximo mayo, la juez Colleen Kollar-Kotelly escuchará a las partes y decidirá un castigo justo para Microsoft.

Los nueve estados que aún mantienen la querella contra Microsoft exigen sanciones más severas para la compañía y proponen la comercialización de una versión ¢sin añadidos¢ del sistema operativo Windows.

Entre los nueve estados que aún conforman la acusación figuran California y Massachussets, los dos con mayor peso tecnológico de todo el país.

Los fiscales del estado exigen a Microsoft que distribuya una versión modular de Windows, susceptible de ser instalada sin aplicaciones para Internet o para la reproducción de vídeo y de audio. Para conseguir garantías totales de libre competencia, la acusación pide a Microsoft que facilite el código fuente de Windows. Los de Redmond consideran esta información tan valiosa como la fórmula de la Coca-Cola y creen que tal revelación les obligaría, en palabras de su presidente ejecutivo, Steve Ballmer, a ¢retirar el sistema operativo del mercado¢.

Desde el 11 de marzo y hasta el próximo mayo, la juez Colleen Kollar-Kotelly escuchará a las partes y decidirá un castigo justo para Microsoft. Entre los 47 testigos que desfilarán por el juzgado figuran ejecutivos de varias de los compañías rivales de Microsoft, como Gateway o Palm. El consejero delegado de ésta última, Michael Mace, acusa a la empresa de Bill Gates de poner trabas a su sistema operativo para ordenadores de bolsillo.

No faltarán, por supuesto, representantes de Sun Microsystems ­empresa que ya consiguió una vez que Microsoft fuera sancionada en los tribunales, por incluir una versión no homologada de Java, el lenguaje de programación creado por Sun- y de American On Line (AOL), los grandes enemigos de Microsoft, ni tampoco Jim Barksdale, antiguo director ejecutivo de Netscape.

La resolución del conflicto legal tendrá consecuencias no sólo para Microsoft, sino para toda la industria mundial de la informática.

Otras voces minimizan el efecto sobre la economía y argumentan que muy pocas empresas desarrollan productos que dependan en exclusiva de los sistemas operativos de Microsoft.

El acuerdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles pasado, día 6 de marzo, Bill Gates compareció por primera vez en los tribunales para explicar los efectos beneficiosos del acuerdo extrajudicial alcanzado, en noviembre pasado, por su empresa, el Departamento de Justicia y nueve de los 18 fiscales del estado, para evitar sanciones legales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los puntos más importantes de ese acuerdo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad empresarial de Microsoft será controlada por un equipo de tres supervisores independientes que trabajarán desde dentro de la empresa y que tendrán acceso a sus cuentas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía de Bill Gates deberá facilitar parte del código fuente de Windows para que la competencia pueda desarrollar sus propias aplicaciones para el sistema operativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto los fabricantes de ordenadores como los usuarios finales podrán desinstalar, sin ninguna dificultad, cualquier aplicación de Microsoft incluida en Windows.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft se compromete a no volver a exigir exclusividad de tipo alguno a los fabricantes de hardware.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acuerdo obliga a Microsoft a gastarse 1.000 millones de dólares (187.000 millones de pesetas) en programas informáticos y ordenadores para las escuelas más pobres de EEUU. Los críticos con esta cláusula sugieren que Gates entregue una suma de dinero a las escuelas y que éstas compren el software que prefieran; Microsoft, con bastante razón, opina que tal solución sería mucho más cara para las escuelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La juez encargado del caso, Colleen Kollar-Kotelly debe decidir ahora, tras haber escuchado a las partes, si el acuerdo es adecuado para la libre competencia, derecho cuya vulneración por parte de Microsoft motivó el comienzo en mayo de 1998 de este proceso judicial.

Otros pleitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte del proceso abierto por la Comisión Europea contra Microsoft en agosto de 2000 por violación de la libre competencia, y de otras investigaciones de procedencia geográfica peculiar ­el Gobierno de la India, por ejemplo-, sobre la creación de Gates pesan, en su propio país, más de 100 demandas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La más importante ­una de los dos procesos colectivos en marcha- enfrenta a Microsoft con los 13 millones de usuarios de Windows del estado de California, que acusan a la empresa de haber ingresado entre 1.000 y 4.000 millones de dólares de más por sus productos, aprovechando su posición de poder en el mercado. El juicio se celebrará en agosto y sus consecuencias se prevén demoledoras para Microsoft en caso de ser juzgada culpable, ya que dicha sentencia abriría la puerta a demandas similares en el resto de Estados Unidos y, por extensión, en todo el mundo.