El Gobierno estudia ampliar los supuestos de incompatibilidad a los auditores
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, explicó ayer que tiene intención de aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley Financiera para extender los supuestos de incompatibilidad entre determinadas actividades de asesoramiento legal y de auditoría. Asimismo, pidió a las entidades privadas que sean muy minuciosas en los controles internos para evitar que se produzcan casos como el de Gescartera o la estadounidense Enron.
Rodrigo Rato, que participó en un foro organizado por Europa Press, subrayó que el Ejecutivo ha incluido determinados artículos en la futura Ley Financiera para obligar a las auditoras a entregar documentos de trabajo a organismos supervisores en circunstancias excepcionales, informó Europa Press.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía añadió que el Gobierno ya ha puesto en marcha, en el Estatuto de la Abogacía, una incompatibilidad entre determinadas actividades de asesoramiento legal y de auditoría. 'Creemos que esa es una diferenciación que tenemos que extender a otros casos y que será parte del debate de la Ley Financiera', apuntó.
Rodrigo Rato reconoció que el papel de las autoridades regulatorias es muy importante, sin embargo, subrayó que los controles privados también deben ser eficaces. 'Las autoridades, en una economía libre, no pueden ni deben ni quieren suplantar a los consejos de administración o a los auditores. Por lo tanto, esas responsabilidades son responsabilidades que tienen consecuencias sobre el interés general', subrayó.
'Todos aquellos que defienden tan vehementemente la necesidad de que el Estado y la Administración pública reduzcan las regulaciones y la intervención, en una sociedad de confianza como especialmente es en los mercados de capitales, supongo que verán con total lógica, y además lo exigirán, que los controles privados funcionen. Y es indudable que, en estos dos casos, (Enron y Gescartera) los controles privados no han funcionado', insistió.
Pymes y Bolsa
El ministro también adelantó que el Gobierno está estudiando extender la fórmula de acciones con derechos políticos limitados o sin ellos -reservada en la actualidad a las sociedades anónimas- a las sociedades de responsabilidad limitada.
Rato aclaró que la legislación española ya contempla esa posibilidad para las sociedades anónimas, pero no para las de responsabilidad limitada. En este sentido, explicó que se ha analizado la posibilidad de permitir la existencia de acciones sin voto para empresas que no cotizan en Bolsa y quieren acudir a ella para buscar financiación. Rato aseguró que en los países que han incorporado estas medidas a su ordenamiento jurídico, como Suecia, existe un porcentaje 'mucho más alto' de empresas en Bolsa. La única reticencia que expresó el ministro en este ámbito estuvo relacionada con la Ley de Opa, ya que la existencia de accionistas con diferentes derechos y obligaciones puede plantear problemas.