La Comisión Europea lleva a los tribunales al Consejo de Ministros
El creciente enfrentamiento entre la Comisión Europea (CE), la institución supranacional de la Unión, y los 15 Estados miembros ha llegado finalmente a la vía judicial. Bruselas decidió ayer denunciar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que considera una usurpación de funciones por parte del Consejo de Ministros (órgano donde se sientan los representantes de cada Estado).
La excusa para esta primicia judicial (existía un precedente en 1994, pero la propia Comisión reconoce que no se trata de un caso comparable) estriba en una ayuda de Estado concedida por Portugal al sector porcino. Poco más de 16 millones de euros que la Comisión considera subvenciones ilegales, por lo que exige, desde octubre de 2000, su recuperación.
Lisboa acató la orden en principio, pero 15 meses después pidió al Consejo de Ministros de Agricultura que anulase la decisión comunitaria. El pasado 21 de enero, bajo presidencia del titular español Miguel Arias Cañete y en una decisión también sin precedentes, el Consejo accedía al ruego portugués, violando, a juicio de Bruselas, todo el ordenamiento jurídico de la Unión. Portugal no había ejercido el derecho a apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE durante los dos meses posteriores a la decisión negativa de la Comisión y Bruselas teme que Arias Cañete y sus homólogos, al erigirse en instancia de apelación, sienten un precedente que acabe minando el poder de la CE.
'La Comisión no se dejará robar sus competencias', advertía ayer un portavoz del Ejecutivo, en la víspera, precisamente, del inicio de una ambiciosa agenda de reforma institucional. El presidente del Gobierno, José María Aznar, en su calidad de presidente de turno de la UE, inaugurará hoy solemnemente las sesiones de trabajo de la Convención Europea.
Durante un año al menos, y bajo la batuta del ex presidente de la República francesa, Valéry Giscard D'Estaing, el foro compuesto por 105 miembros procedentes de los Estados miembros y de los países candidatos, trillará una senda constitucional que debe culminar en 2004. El debate se centrará en la profundidad del modelo federal que puede servir de horma a una Unión de más de 25 miembros.
De momento, las soluciones avanzadas por países de la talla de Alemania o Reino Unido pasan por un control intergubernamental que sacrifica el actual poder de iniciativa de la Comisión. El Ejecutivo de Romano Prodi buscó ayer amparo en el Tribunal ante las continuas amenazas a su feudo. Este mismo mes, los ministros de Economía, bajo presidencia de Rodrigo Rato, también se negaban a amonestar a Alemania por su déficit excesivo, como proponía la Comisión.
El Gobierno de Aznar siempre ha defendido oficialmente la necesidad de una Comisión fuerte, pero en sus dos meses de presidencia de la UE la batalla institucional ha erosionado el poder de la CE hasta un límite con pocos precedentes.
Giscard y otros 104 líderes buscan una constitución
Valéry Giscard d'Estaing preside desde hoy los trabajos de la Convención Europea, foro del que deberá salir un modelo institucional aceptable para los 15 Estados miembros de la UE y los 13 candidatos a la adhesión. Un equipo de 12 miembros (entre ellos Ana Palacio, eurodiputada y representante de España en la Convención, e Íñigo Méndez de Vigo, europarlamentario popular) canalizará los trabajos de la asamblea, compuesta por representantes de los Gobiernos, de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo.
Los Estados han colocado sus peones para intentar evitar que el debate sobre una constitución de corte federal se aleje hacia extremos contrarios a sus intereses. Pero la diversidad de puntos de vista entre los 105 miembros de la convención (desde euroescépticos hasta integracionistas como el propio Giscard o sus vicepresidentes, Giulliano Amato y Jean-Luc Dehaene) hace difícil prever el resultado. Todas las sesiones se celebrarán en Bruselas y serán públicas. A través de Internet se buscará el contacto con la sociedad civil.