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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Cumbre de la liberalización

Los próximos 15 y 16 de marzo, los jefes de Estado y primeros ministros de la UE se darán cita en Barcelona para la cumbre de primavera que, desde hace dos años, fija la agenda económica de los Quince. Fue Lisboa, en marzo de 2000, el punto de partida de un reto que quería convertir a Europa, antes de 2010, en la economía más competitiva del mundo gracias a una explotación de la tecnología y del conocimiento respetuosa con la sociedad del bienestar construida en la posguerra.

Los Quince tachonaron tan ambiciosa declaración con objetivos concretos como el pleno empleo en 2010 (elevar al 70% la tasa de actividad, 60% para el empleo femenino), liberalizar totalmente el sector de telecomunicaciones o conectar todas las escuelas del continente a Internet. En la evaluación parcial del próximo mes, sin embargo, la UE se expone casi inevitablemente a un suspenso en áreas tan importantes como creación de empleo, productividad, inversión en I+D, proceso de liberalización o consolidación del mercado financiero. En este saldo negativo coincide la Comisión Europea, pero también las cuatro patronales más representativas del continente, que la pasada semana no dudaron en publicar un manifiesto conjunto, por primera vez en su historia, dirigido a José María Aznar y al resto de los líderes políticos de la UE exigiéndoles resultados tangibles en Barcelona que hagan factible el reto de Lisboa.

Las patronales Unice (grandes empresas), Eurochambres (cámaras de comercio), Eurocommerce (distribución) y Ueapme (pequeñas y medianas empresas) reflejaron crudamente lo que califican de 'tarea pendiente' en la UE y denunciaron el riesgo de incumplir los plazos fijados en Lisboa. Para las cuatro patronales, en los dos años transcurridos desde Lisboa, Europa ha perdido competitividad y atractivo para el inversor, y su diferencial con EE UU no ha hecho sino aumentar en todos los terrenos. Se trata de un duro diagnóstico que proponen paliar con medidas concretas que Aznar debería facilitar como presidente de turno de la UE.

Sin embargo, el discurso del presidente y de alguno de sus ministros en la recta final hacia Barcelona hace temer que busquen colocarse medallas fáciles con las que nada o muy poco han tenido que ver. El vicepresidente Rodrigo Rato ya ha anotado en su haber el informe Lamfalussy para agilizar la legislación de los mercados financieros, aunque fue adoptado en febrero de 2001. Y el propio Aznar venderá como un logro personal la rebaja de la propuesta de la Comisión para liberalizar el mercado eléctrico, posponiendo sine die la capacidad de los particulares para elegir suministrador y ajustando el texto a las exigencias de æpermil;lectricité de France. Pero los éxitos a corto plazo ni convencerán a las patronales ni resolverán el problema de la competitividad europea, que en 2001 se encontraba en un 38% de los niveles alcanzados en EE UU. Especialmente alarmante es el caso de España, cuya productividad sigue cayendo y está por debajo de los niveles de hace 10 años.

Los representantes de las empresas pidieron medidas concretas y apuntaron algunas. Desde incrementar hasta el 3% del PIB la inversión en I+D hasta poder disfrutar de un modelo de patente comunitaria que ahorre costes y estimule la innovación, aparte la consabida demanda de reducción de la excesiva carga impositiva que soportan las compañías europeas. Las cuatro patronales entonaron también el mea culpa por la falta de inversión privada en investigación, aunque la achacaron a un clima fiscal desfavorable en casi toda Europa.

La Comisión Europea, por su parte, ya ha remitido a la presidencia española de la Unión una retahíla de plazos fijados en la cumbre de Lisboa que corren un riesgo grave de incumplimiento. El nuevo marco legal para la licitación pública (2001, ya incumplido), el mercado único de capital riesgo (2003), la liberalización eléctrica para clientes industriales (2003) y hogares (2005, ya abandonado), la fiscalidad común de la energía (2004), el mercado único de servicios financieros (2005), el programa de satélites Galileo (2008). Entre Lisboa y Barcelona todos esos objetivos han entrado en una senda errática. De aquí a 2010 pueden descarrilar definitivamente si los Quince no reconducen el proceso.

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