ANDALUCÍA

Ex trabajadores envenenados piden indemnizaciones a Aragonesas

Unos 45 ex trabajadores supervivientes de Electroquímica Andaluza, sociedad absorbida por Químicas Aragonesas, pidieron ayer a esta compañía que les indemnice por sufrir una enfermedad muy grave derivada del trabajo con mercurio que ha provocado 15 muertos desde 1976. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado a favor de los trabajadores, pero Aragonesas ha recurrido ante el Supremo.

Yo vi la agonía del último compañero que murió y fue horrible: sangraba por los ojos, por los oídos, por la nariz". Facundo Molina inicia así el relato de la tragedia que viven los 45 ex trabajadores supervivientes de la empresa Electroquímica Andaluza que el pasado martes se concentraron en Madrid ante la sede del Tribunal Supremo y ayer ante la de la compañía Químicas Aragonesas. Todos ellos, incluido Facundo, padecen hidrargirismo, una enfermedad irreversible producida por la concentración de mercurio en órganos vitales y que suele culminar en la muerte. 15 compañeros han muerto desde 1976, el 25% de la plantilla en los años setenta.

Todos ellos trabajaron, cuando tenían edades comprendidas entre 25 y 35 años, en Electroquímica Andaluza, situada en Jódar (Jaén), entre 1977 y 1991. La empresa cambió de manos en 1989, fecha en la que fue absorbida por Químicas Aragonesas. Esta compañía cerró la fábrica dos años después.

La planta se dedicaba a la fabricación de cloro y sosa cáustica, en cuyo proceso intervenía el mercurio, un material altamente contaminante que los trabajadores manejaban "sin ningún tipo de precaución, como plastilina", según Molina.

La alarma saltó un año después de las primeras muertes, que en un principio eran atribuidas por los trabajadores y médicos a patologías naturales. Un análisis rutinario de Sanidad sobre los niveles de contaminación biológica y ambiental levantó la liebre: "Teníamos entre 200 y 300 microgramos de mercurio en un litro de orina y 100 microgramos en sangre", dice Molina. El índice normal es cero.

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó el pasado marzo a Aragonesas, Electroquímica Andaluza y Uralita -grupo en el que se integra Aragonesas- solidariamente a pagar indemnizaciones entre 10 y 25 millones por persona a los afectados por invalidez transitoria y permanente, según los casos.

Absolución penal

Los afectados tienen también sentencias favorables de la Audiencia Provincial de Jaén. Los responsables de Electroquímica fueron absueltos en el proceso penal.

Aragonesas ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA. Tiene avalados para ello 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) para posible ejecución de la sentencia. Los afectados se plantaron el pasado martes ante la sede del Supremo para suplicarle que no admita a trámite el recurso. "El recurso sólo pretende dilatar el proceso de pago de las indemnizaciones, y esto impide a los afectados disponer de dinero para tratarse en otros países o mitigar sus dolencias hasta el desenlace final", afirma el responsable de Industria de UGT en Jaén, Francisco López.

Aragonesas culpa a Electroquímica Andaluza, empresa que adquirió en 1989. Según un portavoz, Aragonesas nunca ejerció actividad productiva en las instalaciones, sino que decidió el cierre dos años después de comprarla tras invertir más de 500 millones de pesetas "en intentar restablecer los niveles de salubridad sin éxito".

 

El riesgo mortal de trabajar con mercurio

Electroquímica Andaluza se dedicó, entre 1976 y 1989, a la fabricación de sosa cáustica y cloro a partir del cloruro sódico, es decir, de la sal común. La descomposición de este elemento marino en los dos productos químicos se hacía a través del uso del mercurio como metal líquido intermediario. El mercurio actúa como conductor de electricidad en un proceso electrolítico, es decir, como cátodo.

El manejo del mercurio se hacía sin condiciones de seguridad de ninguna clase. Así se producían 2,2 toneladas diarias de cloro y 4,4 toneladas de sosa. Estos productos eran vendidos a clientes fijos que los destinaban a la fabricación de plástico PVC (policloruro de vinilo) y a la pigmentación blanca de tejidos. La empresa facturaba unos 2.000 millones de pesetas en las fechas próximas a su venta. La operación de compra por parte de Químicas Aragonesas se produjo en 1998.

Electroquímica hacía la competencia directa a Aragonesas, hoy integrada en Uralita, que era y sigue siendo líder nacional en producción de sosa y cloro, y también de PVC o cianuro entre otros materiales y elementos químicos. Aragonesas pretendía, con la operación, hacerse con los clientes de un rival que le disputaba el mercado del sur de España y que tenía además buenos compradores en Francia. Aragonesas no contaba con que estaba comprando prácticamente veneno. Según su versión, cerró la planta en 1991 sin iniciar la producción.