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El Gobierno adjudicará las nuevas renovables a quien produzca más barato

La nueva capacidad, 4.000 MW anuales, se asignará en función del precio del kWh ofertado

Planta solar en San Roque (Cádiz)
Planta solar en San Roque (Cádiz) Getty Images
Carmen Monforte

 Entre las medidas de lucha contra el cambio climático, que el Gobierno plasmará en varias normas antes de que termine el año, sigue  figurando como una de las más relevantes las subastas de hasta 4.000 MW renovables que el Gobierno quiere celebrar entre 2019 y 2030. La electrificación de la economía, con el desarrollo del coche eléctrico, obligará a la descarbonización del parque de generación en 2050, con la desaparición de las centrales que utilizan combustibles fósiles  (las de carbón y gas natural) y, por otros motivos, las nucleares.

Sin embargo, el procedimiento de las nuevas subastas será distinto al utilizado hasta ahora. Así, mientras en las tres pujas realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en los que la variable era la inversión (esto es, se adjudicaba la potencia a quien construyese las plantas con la menor inversión, que luego se le retribuía), en el nuevo mecanismo que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la variable será el precio. De esta manera, ganarán las subastas los que ofrezcan el precio más competitivo del kWh.  

Fuentes del sector consideran que este criterio, que es el que se utiliza en todo el mundo, es más sencillo y transparente que el anterior y, sobre todo, evita la especulación. “Construir instalaciones por las que vas a recibir una retribución a la inversión no te garantiza que vayan a funcionar, pues el titular siempre va a cobrar, al margen de que genere o no”, señalan las mismas fuentes. Además, cobran el precio del mercado siempre que esté por encima de la oferta de la subasta, en que se retribución de la inversión y si está por debajo, se le compensa.

El futuro sistema de retribuir por precio ofrece más garantías y el inversor siempre va a cobrar el precio ofrecido: si en el mercado reciben más, devuelven la diferencia, y si  reciben menos, se les compensa. El mecanismo, reivindicado por las asociaciones de fotovoltaicas (no tanto a las eléctricas), beneficiará al consumidor ahora que se prevén ofertas a la baja.

En el real decreto-ley de medidas urgentes del sector energético que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año, sigue figurando el compromiso de impulsar la construcción anual de, al menos, 3.000 MW de renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, si bien, es probable que la cifra se amplíe a 4.000 MW ante la petición de Unidos Podemos. No obstante, la capacidad podrá ser revisada reglamentariamente en función de la evolución de los objetivos de descarbonización del sistema eléctrico.

Según el último borrador de la propuesta, en las subastas que se convoquen “el producto a subastar será la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía”.

En las pujas se distinguirá entre distintas tecnologías  de generación (eólica, solar, etc.) según sus características técnicas, su gestionabilidad, localización o madurez tecnológica y aquellos que granticen la transición hacia la descarbonización. También se tendrá en cuenta proyectos ciudadanos participativos  o los que promuevan la cohesión social o territorial.                                                         

De momento, los proyectos ya adjudicados en las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, en las las que se adjudicaron 8.000 MW siguen su marcha. Así, Solaria, que ha firmado dos importantes contratos de suministro a largo plazo con Repsol (una energía con la que, a su vez,  venderá a los clientes adquiridos a Viesgo) anunció ayer el inicio de la construcción de varias plantas fotovoltaicas en varias provincias que suman una potencia de 400 MW (1,1 millones de paneles).

Muchas normas energéticas antes de fin de año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles en el Congreso de los Diputados que antes de fin de año el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que requerirá de su posterior trámite parlamentario. Dada la actual situación política, con una más que probable convocatoria de elecciones generales en algún momento del próximo año, todo apunta a que esta norma no verá la luz en esta legislatura.

El mes pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica, lanzó, a modo de consulta pública, un borrador de anteproyecto con contenido muy programático y medidas a muy largo plazo. En ese texto figuraba una polémica iniciativa: la prohibición de la venta de vehículos motor de combustión en 2040 y su prohibición de circular ya en 2050. En ese año se deberá alcanzar un 100% de producción eléctrica con renovables y que el 90% del parque de coches sea libre de emisiones.

A la vista de que la aprobación de la ley va para rato, previamente, el Gobierno dará luz verde a un real decreto-ley que incluirá las medidas más urgentes sobre cambio climático. La propuesta, que adelantó Cinco Días y sigue en capilla, incluye, entre otras medidas, la restitución de las competencias de la CNMC como regulador independiente, tal como exige la Unión Europea a España.

Entre otras potestades, el organismo tiene la de fijar los peajes eléctricos y del gas natural. El decreto ley también establecerá las nuevas ayudas a las comarcas mineras afectadas por el cierre de las minas y de las centrales eléctricas de carbón, que darán continuidad a las que caducan el próximo 31 de diciembre. El texto incluía la ampliación en dos años de la vida útil las cogeneraciones y un nuevo estatuto para le industria electrointensiva. estas medidas se inlcuyeron finalemtne en un real decerto-ley del Ministerio de Industria que apronó el viernes el Consejo de Ministros.

Antes de esa fecha, el ministerio debe remitir a la Comisión Europea un documento mucho más concreto, el llamado Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC). En él, el Gobierno dejará claro, por ejemplo, el calendario de sustiución del parque de vehículos por otro eléctrico y el del cierre progresivo de de las centrales nucleares, que dependerá de la dotación del fondo para el desmantelamiento y gestión de los residuos radiactivos de Enresa.

El Gobierno considera que tramitar la Ley de Cambio Climático es un gesto ante Bruselas con el que se anota un tanto al presentar el PNEC.

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Sobre la firma

Carmen Monforte
Es redactora de Energía de Cinco Días, donde ocupó también los cargos de jefa de Especiales y Empresas. Previamente, trabajó como redactora de temas económicos en la delegación de El Periódico de Cataluña en Madrid, el Grupo Nuevo Lunes y la revista Mercado.

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