El chiringuito financiero estafó desde su creación más de 12 millones

Uno de los nombres con los que operaba era Stockscall CincoDías denunció la operativa de esta sociedad en noviembre de 2016

Intervención del chiringuito financiero por parte de la Policía.

79 personas fueron detenidas el lunes en una operación para desmantelar un chiringuito financiero, en la mayor intervención registrada hasta la fecha para perseguir este tipo de delitos.

Los investigadores consideran que los tres máximos dirigentes habían creado una “organización criminal dedicada a la comisión masiva de estafas”.

Solo desde que arrancó la investigación, el pasado septiembre, habrían estafado más de 2,5 millones de euros, aunque la cantidad supera los 12 millones de euros desde su creación, antes del año 2016, según fuentes de la investigación.

Uno de los muchos nombres con los que operaba era Stockscall, según otras fuentes al tanto de la intervención. Esta sociedad fue el objeto de una noticia publicada por CincoDías el 24 de noviembre de 2016 en la que se denunciaban sus prácticas agresivas y se advertía de que carecía de licencia para operar.

Unas semanas más tarde, el 5 de diciembre de ese año, la CNMV alertó sobre esta firma. La incluyó en su lista negra por ser una “entidad no autorizada para prestar servicios de inversión”. Entonces, contaba con oficinas en la primera planta del edificio 75 de la calle Albasanz que albergaba un call center con más de 40 personas. Realizaban llamadas continuas a una lista de clientes susceptibles de caer en sus redes.

La firma utilizaba para contactar a su víctimas nombres de la base de datos de la antigua eafi Dracon Partners

“Yo te voy a llevar de la mano en toda la operación, sé que tú no tienes ni idea; yo cuento con eso, con que los clientes de Bolsa entendéis de vuestro negocio, no de Bolsa. Yo te doy la compra”. Así convenció una teleoperadora de la firma a uno de los afectados que ofreció su testimonio a este diario.

De hecho, los detenidos el lunes eran mayoritarimente comerciales que se encargaban de llamar por teléfono a clientes y convencerlos de invertir sus ahorros a través de sociedades de la trama desmantelada.

Los promotores del chiringuito creaban páginas web atractivas, con denominación inglesa y datos de contacto en el extranjero. Entre los países están Reino Unido, Bulgaria –la sede de Stockscall, cuya página web, www.stockscall.com, continuaba ayer activa, Islas Marshall, San Vicente y Granadinas... Los clientes, una vez que accedían a invertir, daban sus datos bancarios y otro departamento se encargaba de cobrar una comisión del 10% del importe supuestamente invertido.

De acuerdo con la Policía Nacional, el chiringuito no llegaba a contratar ningún tipo de producto financiero en nombre del cliente. Cuando el particular pedía recuperar el dinero, le decían que lo había perdido todo con las inversiones.

Stockscall no utilizaba ninguna guía para buscar los teléfonos de sus víctimas potenciales. Esta entidad –es decir, el chiringuito desmantelado el lunes por la Policía– utilizaba nombres de la base de datos de Dracon Parnets, la primera eafi a la que la CNMV revocó la licencia. Fuentes conocedores del modus operandi de estas estafas explican que las víctimas suelen ser reincidentes, de ahí que exista un mercado negro con los datos de contacto de estos potenciales estafados.

Dracon Partners fue creada en diciembre de 2009 por Sara Pérez Frutos, por aquel entonces una figura muy mediática –eran constantes sus apariciones en radio, televisión y prensa– y que había sido la responsable en España de la gestora estadounidense Eaton Vance.

El supervisor retiró la licencia de Dracon en 2012, debido a las numerosas irregularidades detectadas en esta entidad. Su caída provocó pérdidas a unos 500 inversores por cerca de 12 millones de euros. La Policía Nacional explica que la trama de Stockscall utilizaba estas páginas web durante un tiempo limitado, hasta que la CNMV publicaba una advertencia informando que carecían de la licencia para prestar servicios de inversión. La propia unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF), encargada del caso, ha informado a la CNMV sobre las webs investigadas.

Una vez difundida la advertencia, los investigados abrían una nueva página, con un nombre que no estuviera relacionado con la anterior, y transferían los clientes de una página a la otra. Así eludían la acción del supervisor español.

La trama contaba con un personal instruido y capacitado para captar potenciales clientes mediante llamadas telefónicas. Una vez que el futuro cliente se mostraba interesado en invertir, le bombardeaban con ofertas sobre diversos productos financieros complejos. Entre ellos, warrants y opciones binarias sobre acciones o sobre materias primas como oro, maíz, petróleo...

Los comerciales insistían a los clientes que esas inversiones implicaban alta rentabilidad asumiendo un riesgo mínimo. Además, cuando daban con clientes especialmente precavidos los convencían manifestando que ellos mismos invertían en el producto ofertado. Si esto tampoco funcionaba “recurrían incluso a descalificar a los clientes es base a los insuficientes conocimientos de éstos en materia de inversión”, explica la Policía.

Cada cliente afectado era explotado hasta que dejara de invertir. Era habitual que antes de que concluyera una inversión le ofrecieran otras nuevas opciones. Así, insistían hasta que el cliente solicitara recuperar lo invertido o disponer de sus ganancias, momento en el que se le informaba de que había perdido lo invertido. Además, les remitían unas cláusulas leoninas de unos contratos que los clientes nunca firmaron y dejaban de atender sus llamadas.

Los comerciales estaban instruidos con unos guiones predeterminados con los que dar una respuesta rápida a cualquier duda.

La hidra de mil cabezas

Cambios de sede. La trama criminal trató de dificultar el rastreo de sus operaciones cambiando con frecuencia el lugar desde donde operaban los supuestos brókers. Los cabecillas también modificaban sus propios domicilios con frecuencia.

Ocho registros. En la operación llevada a cabo el lunes se procedió al registro de ocho inmuebles en las provincias de Madrid y Málaga, donde se incautaron cientos de documentos. Uno de los principales centros operativos estaba en la calle Alfonso Gómez, en un polígono empresarial de Madrid.