Atlantia pide permiso al Gobierno para comprar Abertis en busca de desatascar su opa

Mantiene el criterio expresado en el folleto y cree que el plácet español no es imprescindible La entrada de Fomento y Energía a supervisar la oferta llevará como mínimo a marzo la apertura del plazo de aceptación de las opas

Giovanni Castellucci, consejero delegado de Atlantia.

Atlantia ha decidido plegarse a las exigencias del Gobierno español y ha presentado sendas solicitudes de autorización a los ministerios de Fomento y Energía para sacar adelante su opa sobre la concesionaria de autopistas Abertis, formulada el pasado mes de mayo y aprobada en octubre. Lo ha hecho en un día en que los focos mediáticos están fijados sobre las Elecciones catalanas.

La compañía argumenta que ha dado este paso "en beneficio de los intereses del mercado, de la propia sociedad afectada Abertis y de sus accionistas e inversores". Y añade que este gesto es "una manifestación de respeto por las instituciones españolas y de la mejor disposición a que el proceso de oferta sobre Abertis no se vea ralentizado". Desde Fomento se ha recogido "con satisfacción" la presentación de la solicitud de permiso y se asegura que el proceso de autorización se tramitará "exactamente igual" que el de la opa competidora de Hochtief, filial de ACS.

La compañía argumenta que ha dado este paso "en beneficio de los intereses del mercado, de la propia sociedad afectada Abertis y de sus accionistas e inversores"

Fuentes jurídicas aseguran que el texto remitido por Atlantia a la CNMV cuida hasta el último detalle. La italiana cede, pero no renuncia a su posición inicial y mantiene que dichas autorizaciones no son imprescindibles para la toma de la mayor concesionaria española de autopistas. "Respetuosamente manifestamos que la solicitud de las autorizaciones en nada desvirtúa ni modifica la posición jurídica de Atlantia, previamente manifestada [en el folleto de la oferta] a este respecto".

Hasta ahora, el grupo italiano había eludido visar su proyecto de adquisición ante el Ejecutivo, que se arroga el papel de supervisor en función de la legislación española de concesiones (artículo 31 de la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, y decreto 215/1973 que recogió el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en concesión) y teniendo en cuenta el carácter estratégico que el Estado otorgó a Hispasat, operador de satélites controlado por la propia Abertis.

¿Qué había detrás de la posición italiana? Durante estos meses no se ha dejado de especular con su temor a que el intento italiano de compra se topara con el principio de retorsión: España podría dificultar la ofensiva sobre Abertis como respuesta a que el Ejecutivo de Romano Prodi evitó la fusión de las mismas empresas en 2008, cuando era la catalana quien capitaneaba el proyecto. También sobrevuela el fuerte control de Enel sobre la estrategia y beneficios de Endesa o los intentos fallidos de Telefónica y BBVA, entre otros, de crecer en el país transalpino.

La nueva disposición de Atlantia, que ya se había manifestado abierta al diálogo, llevará el proceso de supervisión de las opas al menos hasta el mes de marzo, ralentizándolo en un par de meses, según los expertos consultados. La oferente espera que la nueva vía de colaboración con el Gobierno no atasque el intento de compra: "Atlantia desea reiterar su plena confianza en el buen funcionamiento de las instituciones españolas y en su evaluación neutral, eficiente y objetiva de las solicitudes de autorización administrativa al tratarse de una operación de dimensión comunitaria". La introducción de este último matiz recuerda que la CE dio su visto bueno semanas atrás y aplaudió el acercamiento de Atlantia a Abertis para crear un gigante europeo líder en la gestión de autopistas en todo el mundo.

La italiana cede, pero no renuncia a su posición inicial y mantiene que dichas autorizaciones no son imprescindibles para la toma de la mayor concesionaria española de autopistas

Razones enfrentadas

El grupo que dirige Giovanni Castellucci lleva meses argumentando que el cambio de control en el grupo catalán no conlleva un cambio de titularidad en las concesiones de autopistas que Abertis opera en España, con 1.500 kilómetros de carreteras de peaje. Los ministros Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal vienen defendiendo, en contra de esa posición de la empresa, que el gigante italiano debe pasar por sus ministerios por cuanto Abertis gestiona concesiones del Estado y, además, este cuenta con derecho de veto sobre cambios accionariales en Hispasat.

La opa de Atlantia fue aprobada por la CNMV en consejo del 9 de octubre, pese a que los  ministerios habían avisado al regulador de la ausencia de la opinión del Gobierno de España. Los ministros citados se han quejado de que Atlantia ha solicitado autorizaciones en todos los mercados con operaciones de Abertis salvo el español. Una versión contra la que Atlantia argumenta que ha demandado los permisos que Abertis, como conocedora de la relación con los órganos concedentes de sus concesiones, y la propia CNMV le han indicado. Con todo, la opa ha pasado por las autoridades de competencia o bursátiles de Chile, Argentina o Brasil, siendo este último el único país en que ha entendido como preceptivo el visto bueno del Ministerio local de Transporte. Ni en Francia ni en Italia, en los que Abertis tiene importantes negocios, Atlantia ha cursado la petitición de permisos a sus Gobiernos.

En este contexto, la CNMV desoyó las quejas de Fomento y Energía y aceptó la opa italiana. Una postura que motivó la presentación de dos requerimientos del Gobierno pidiendo la anulación o revocación de la opa e insistiendo en que debe mediar el permiso de la Administración española antes de que la CNMV apruebe el proyecto de Atlantia. El órganismo que preside Sebastián Albella tiene 30 días, hasta el 7 de enero, para responder a Fomento y Energía.

Mientras se agudizaba el enfrentamiento entre Atlantia y el Gobierno, llegó el 19 de octubre la citada oferta competidora de Hochtief, filial de ACS. Esta última sí atendió la exigencia gubernamental y tiene su opa bajo examen en los ministerios afectados.

Paso contra la judicialización

Atlantia ha otorgado una victoria parcial al Gobierno en el pulso mantenido por ambas partes, pero persigue un bien mayor para sus intereses. La empresa controlada por la familia Benetton intenta que Fomento y Eenrgía se den por satisfechos y renuncien a interponer contenciosos administrativos contra la actuación de la CNMV. Y es que la judicialización de este choque podría paralizar las dos opas en liza durante meses.

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.Pablo Monge

De hecho, la presentación de este tipo de requerimientos está prevista en la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa como el paso previo a la eventual interposición de un recurso contencioso-administrativo en relación con un acto de otra Administración pública.

A pesar del cambio de estrategia de Atlantia, el regulador bursátil opera de forma independiente al contexto y podría mantener su posición de dar el banderazo de salida a ambas ofertas sin tener en cuenta la opinión de La Moncloa. En ese caso, arrancaría el plazo de aceptación de ambas ofertas a la espera de los recursos ante la Audiencia Nacional.

Es decir, Atlantia ha sacado la bandera blanca esperanzada de que el resto de las partes hagan lo mismo. Si no es así, habrá una batalla judicial de las que hacen historia.