Emilio Saracho, presidente del Banco Popular
Emilio Saracho, presidente del Banco Popular EL PAÍS

Saracho prescinde de Aparicio, muy vinculado al primer accionista de Popular

La Sindicatura, primer inversor de la entidad, controla el 9,6% de su capital

Economía no prevé inyectar dinero público en el banco

Mala sintonía en el consejo de Popular. El banco que preside Emilio Saracho celebró ayer un consejo de administración ordinario en el que los consejeros analizaron la marcha del proceso de venta de la entidad y las eventuales muestras de interés recibidas. Pero este consejo estaba convocado a priori para otro asunto. La salida del hasta ahora consejero y secretario del consejo, Francisco Aparicio Valls.

Este ya exconsejero era el último representante vinculado al anterior presidente de la entidad, Ángel Ron, que quedaba en el consejo. La salida de este ejecutivo es considerada por varias fuentes financieras como una ruptura completa con la anterior etapa del banco representada por Ron e incluso de sus predecesores, los hermanos Valls, Luis y Javier.

Aparicio estaba hasta ahora muy vinculado al principal accionista de Popular, la Sindicatura, que controla el 9,6% del capital. La Sindicatura, en la que se encuentran incluidos un grupo muy influyente de accionistas del Opus Dei, tradicional inversor de Popular, de esta forma, pierde influencia en el máximo órgano de gobierno de la entidad.

Francisco Aparicio había apoyado a Ron en todo momento. Además, había estado presente en las negociaciones que mantuvo el expresidente de Popular con BBVA y con otros grupos financieros.

Saracho ha decidido, como adelantó el jueves este periódico, dividir en dos el cargo de Aparicio. De esta forma, se ha nombrado a Joaquín Hervada Yáñez secretario del consejo. Y su primera misión fue precisamente firmar ayer la salida de su predecesor. Y como consejero se ha designado a José Andrés Barreiro, ex responsable de banca corporativa de BBVA, entidad que abandonó en 2012. Barreiro, que se había prejubilado, ha trabajado ya en el gigante bancario español con el ahora consejero delegado de Popular, Ignacio Sánchez-Asiaín. Hervada, por su parte, es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales. Ha sido abogado de varios despachos, entre ellos ha sido socio fundador de Hervada & Klingenberg Abogados entre 1992 y 1998 y responsable del Departamento Mercantil en España de Freshfield Abogados entre 1998 y 2007. En la actualidad es secretario del consejo de Hispania Activos Inmobiliarios.

La Sindicatura, no obstante, mantiene un representante en el consejo del banco, Francisco Mateu. Además, el banco explica que Barreiro no cubre la vacante como consejero de Aparicio, sino de Roberto Higuera.

Con estos nombramientos, la entidad destaca que desde que se incorporó Saracho al banco, el 20 de febrero, Popular tiene ya el 50% de su consejo independiente, como fijan los códigos de buen gobierno.

En cuanto al proceso de venta del banco, al parecer no se ha cerrado la posibilidad de que otras entidades se puedan interesar aún por Popular y pedir a JP Morgan la contabilidad de la entidad para analizar una posible operación corporativa.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, mientras, dio ayer respuesta a una de las previsibles reclamaciones de la banca para la compra de Popular. “El Gobierno no tiene ninguna previsión de inyectar capital público” como solución a la crisis que atraviesa la entidad, explicó durante un almuerzo informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Las entidades financieras habían consultado si el Estado iba a ofrecer algún tipo de garantías ante los litigios que se puedan plantear en el banco por la ampliación de capital realizada hace un año por 2.500 millones de euros, o para cubrir parte de los saneamientos que debe realizar Popular.

Los analistas calculan entre 4.000 millones a 6.000 millones las nuevas necesidades de capital de Popular, y en menos de 1.500 millones las posibles demandas judiciales por la última ampliación de capital.

También rechazó que la Sareb –el denominado banco malo–, vaya a quedarse con los activos improductivos de la entidad para incluirlos en la socimi que planea sacar al mercado antes de final de año.

En el mercado se había especulado con la posibilidad de que Popular trasladase sus activos tóxicos a Sareb, lo que haría más atractiva su compra, algo que no solo ha sido rechazado por Guindos, sino también por varias entidades financieras, que aseguran que si Popular pudiese traspasar sus activos tóxicos a este banco malo alguna que otra institución también lo pediría. El mercado tampoco vería con buenos ojos, según coinciden varios analistas, que Bankia pudiese pasar inmuebles de Popular a Sareb en el supuesto caso de que fuese el ganador de la puja. “Consideramos que las reglas de juego deben ser iguales para todos”, explica un analista.

Estas mismas fuentes aseguran que cualquier banco que se quede con Popular necesitaría ampliar capital.

Otras claves

Los analistas mantienen que incluso Bankia, que es la entidad con un mayor nivel de capital necesitaría realizar una ampliación. En este caso, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ya aseguró en la presentación de resultados del trimestre, celebrada el pasado 28 de abril, que en el mercado “hay interés por invertir en Bankia”. Añadió que el mercado podría absorber “sin dificultad” nuevas colocaciones de Bankia. “En el mercado, hay mucha liquidez. Si hay un buen proyecto de inversión, en el mercado siempre encuentras fondos para comprar o financiar el proyecto”, afirmó entonces.

Los analistas también aseguran que Popular debe buscar pronto una solución para no sufrir un mayor deterioro, y no contagiar al resto del sector. De ahí, que parece que no hay marcha atrás en este proceso de venta.

El mercado no descarta que Popular pudiese venderse troceado si no hay acuerdo para su compra. Aunque esta posibilidad no se ha planteado en la actualidad.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo ayer que siempre que pregunta al Banco de España por la situación de Popular la respuesta que recibe es que sus niveles de capital están por encima de los mínimos exigibles conforme a la regulación vigente.

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