El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Justicia e integración

En España, la inversión en tecnología judicial solo ha agilizado las tareas administrativas

La Administración de justicia ocupa un lugar central en el desarrollo y funcionamiento de las sociedades de nuestro entorno. Derivado de su valor como fundamento del Estado de derecho, una administración de justicia que funciona se percibe en todos los ámbitos de actividad de los ciudadanos y empresas. Cada vez son más los rankings y comparaciones internacionales que evalúan con criterios objetivos el funcionamiento de la justicia; y cada vez son más también los ciudadanos –personas jurídicas sobre todo, pero también personas físicas– los que utilizan estos criterios a la hora de instalarse en un país.

Junto a la garantía de su funcionamiento, la aparición de nuevos movimientos y tendencias sociales –junto a la generalización del uso de tecnologías– plantean nuevos retos y brindan nuevas oportunidades para el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en la materia. ¿Será la nueva marea tecnológica el impulso esperado para mejorar la colaboración dentro de justicia y para generar una nueva experiencia para los ciudadanos?

La ley de planta judicial, así como las normas de determinación de competencia entre órganos judiciales, establece una delimitación en la asignación de casos a órganos. Esta ha derivado en un funcionamiento aislado. La existencia de diferentes sistemas de información en los diferentes territorios también ha sido un factor de aislamiento en el funcionamiento de los órganos judiciales.

Muchos empleados de la administración de justicia se encuentran con la necesidad de utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo para realizar una tarea, dada la falta de integración entre los sistemas. La ausencia generalizada de integración entre los sistemas de soporte que impulsan el funcionamiento de los órganos judiciales y aquellos que operan en las fiscalías, y en otros organismos colaboradores, es otra muestra de esta realidad.

En cuanto a los datos, no existe en España un juzgado que no pelee habitualmente contra la maldición de los datos duplicados (identidades, domicilios, etc.), incompletos, desactualizados o, simplemente erróneos.

Prácticamente toda la inversión en tecnología de justicia que se ha realizado en nuestro país se destina a agilizar el funcionamiento de las oficinas judiciales en el componente administrativo del proceso. Recepción de escritos, registro de datos, reparto de asuntos, elaboración de documentos, tramitación guiada, notificación, archivo, etc. son algunas de las funciones que permiten agilizar el funcionamiento de los Juzgados.

Pero esta agilización supone la creación de un importante cuello de botella en la figura y función del juez, o del letrado, cuando es este el que realiza la función resolutiva. Sobre una estructura con escasas variaciones (juez, letrado y oficina), agilizar una parte de la estructura sin modificar el resto provoca problemas de saturación. Esto es así en todos los procesos de producción y el órgano judicial no deja de ser uno más. En este sentido, es fundamental articular mecanismos que doten de mayor capacidad para resolver asuntos a los jueces y magistrados.

Mantener el sistema de garantías y, a su vez, proporcionar una experiencia memorable a los profesionales involucrados en los procesos y a los ciudadanos es el mayor reto de la justicia en España. En este sentido, el ministerio, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con 1.726 millones – un 7,6% más que el año anterior– para, fundamentalmente, el Consejo General del Poder Judicial, la creación de 5.000 nuevas plazas en la Administración de justicia y la transformación digital. Una digitalización de la Justicia que persigue en principio que profesionales, ciudadanos y órganos judiciales se comuniquen de forma telemática y electrónica para la tramitación de las actuaciones procesales. Una política de papel cero que no es suficiente.

El auténtico reto pasa por proveer un servicio público de justicia transparente y abierto a los ciudadanos, que actúe con agilidad, eficacia, eficiencia y calidad a través de métodos tecnológicos y digitales modernos y procedimientos normalizados. Para ello, hay que analizar y transformar las distintas partes del ciclo de vida de interacción judicial para el usuario; desarrollar proyectos transformadores que permitan mejorar la satisfacción de los ciudadanos, abogados, procuradores y demás colaboradores; mejorar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales, mediante la modernización organizativa y tecnológica, que faciliten los procesos de toma de decisiones; y, por último, automatizar al máximo la gestión a través de canales digitales.

En plena efervescencia de las tecnologías digitales, el camino nunca fue más accesible. Es el momento de acelerar el paso.

Carlos Coll es managing director de Servicio Público de Accenture.

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