El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos.

Una norma para avanzar en la transparencia hipotecaria

Debe ser compatible elevar la transparencia y salvar los intereses legítimos de las partes

Los varapalos judiciales a los abusos en las cláusulas hipotecarias y los efectos de la crisis inmobiliaria están en el origen de una revisión a fondo de la normativa española sobre estos créditos. Aunque en ámbitos bancarios se manifiestan recelos sobre el intervencionismo gubernamental en esta materia, que a su juicio les señala como culpables ante la opinión pública, es indudable que los excesos de otras épocas de burbuja debían ser corregidos, y la transparencia reforzada, para evitar nuevos escándalos en el futuro. También para frenar una tendencia perniciosa para el sistema: la judicialización de las relaciones entre entidades y clientes. Los pronunciamientos de la justicia europea en casos que la española consideraba cerrados añade presión a los cambios legislativos.

El borrador de reforma hipotecaria con el que trabaja el Ministerio de Economía, y al que ha tenido acceso este periódico, avanza en esta línea de asegurar el juego limpio en los contratos que suscriben bancos y clientes. Finalmente, la norma no solo beneficiará a los particulares, sino también a los autónomos, lo que resulta razonable si se trata de abordar situaciones de desprotección. Una de las novedades más señaladas es la prohibición de que los bancos incentiven a sus trabajadores por volumen de crédito concedido: se trata así de evitar que los empleados tengan que alcanzar objetivos que estaban detrás de muchos préstamos cuanto menos imprudentes, que acumularon riesgos que lastra aún hoy a las entidades. Economía quiere también fijar criterios de capacitación para los empleados de banca que asesoran sobre hipotecas, algo que va en la dirección emprendida también por la CNMV en cuanto a la comercialización de productos de inversión.

Los cambios normativos generan inquietud en los bancos. Francisco González, presidente de BBVA, o Josep Oliu, de Sabadell, figuran entre los banqueros que han elevado la voz contra la “demonización” de su negocio y advertido de que la ley podría encarecer los préstamos. Debe ser compatible elevar la transparencia y salvaguardar los legítimos intereses de las partes en un contrato de especial trascendencia para la mayoría de ciudadanos.

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