Manifestación contra la pobreza energética.
Manifestación contra la pobreza energética.

Un bono social bajo una regulación clara y un control eficaz

Las empresas aciertan al demandar la creación de un registro de consumidores vulnerables

Las propuestas presentadas por las grandes compañías eléctricas ante la nueva reglamentación sobre el bono social y la pobreza energética tienen una serie de puntos coincidentes que expresan la preocupación del sector ante una normativa que ofrece varias incógnitas. Endesa, Iberdrola, Gas Natural y EDP piden al Gobierno una legislación única para todo el territorio nacional con el fin de evitar que se genere un reino de taifas con normas diferentes o incluso superpuestas. Las eléctricas reclaman, entre otras cosas, que la figura del consumidor “vulnerable” resulte homogénea y cuente con una definición clara y precisa. En algún caso, como el de Endesa, la propuesta apuesta por una derogación de toda la maraña de normas locales y autonómicas existentes para impedir “interpretaciones y aplicaciones particulares”.

Las empresas aciertan al demandar la creación de un registro específico de consumidores vulnerables –los que tendrán derecho al nuevo bono social–y de vulnerables severos, que son aquellos a los que las compañías no podrán cortar el suministro. Un mecanismo de control que podría supervisar la CNMC, lo que parece a priori más eficiente, o las propias comunidades autónomas a través de los servicios sociales, pero que deberá aplicar unos criterios homogéneos. La idea es ligar el derecho a percibir el bono a una renta mínima familiar y para la vivienda habitual, aunque cada compañía propone sus matices en cuanto a cómo realizar la identificación de los beneficiarios. En el capítulo de la financiación, la mayoría de las compañías aboga por algún tipo de fórmula que no cargue únicamente sobre las comercializadoras el peso de garantizar ese servicio a los ciudadanos más vulnerables.

Como en otros muchos ámbitos, el reto de la regulación del bono social y de las medidas contra la pobreza energética está en la eficiencia, la transparencia y en lograr un equilibrio entre derechos y costes que no suponga un lastre excesivo para el sector. Al igual que ocurre con cualquier otra ayuda o beneficio social, este es un ámbito en el que es necesario diferenciar situaciones de necesidad real de las que no lo son. Una buena legislación y un control eficaz es la receta del éxito.

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