Optimismo y financiación autonómica

Se necesita un sistema fiscal con más capacidad recaudatoria

Si se cumplen las previsiones, España volverá este año a los niveles de renta y recaudación impositiva de 2007. Este último dato implicaría recuperar la presión fiscal, desplomada al llegar la crisis, y es relevante para definir las coordenadas de la reforma de la financiación autonómica, que sigue por debajo de lo previsto cuando se aprobó el actual modelo en 2009.

Lograr el objetivo de los PGE para los ingresos tributarios refutaría la tesis de que los de 2007 no pueden ser una referencia para programar los gastos a financiar porque aquellos fueron una anomalía irrepetible asociada a la capacidad recaudatoria derivada del boom inmobiliario, con los que es mejor no contar para planificar compromisos sostenibles. Tras lo vivido en la última década, no se deben olvidar los riesgos de comprometer gastos duraderos con ingresos que responden a la fase alta del ciclo, ni las limitaciones de nuestro sistema fiscal para generar ingresos estables. Pero tampoco que la elasticidad-renta de la recaudación empuja los ingresos con fuerza hacia arriba en estos últimos años de expansión sobre una base de crecimiento que ya no es la inmobiliaria.

Que las cifras se confirmen al final del año –o no, pues desde 2013 la recaudación efectiva siempre se ha situado por debajo de lo presupuestado– es relevante para las perspectivas del Estado de Bienestar y, en consecuencia, de la financiación autonómica. Ambos están ligados y requieren definir un horizonte de medio plazo sobre el nivel deseado y financiable de los servicios públicos fundamentales y la evolución esperada de las necesidades sanitarias, educativas y de protección social correspondientes.

Se necesita, asimismo, un sistema fiscal con más capacidad recaudatoria, acorde con esos objetivos y el de resto de políticas de gasto, y una distribución de los ingresos disponibles entre las administraciones proporcional a sus responsabilidades. Ninguna de esas dos condiciones se ha cumplido en la última década: ha existido insuficiencia financiera en todas las administraciones; y las Comunidades Autónomas, que –a pesar de su mala fama– en realidad han acometido ajustes más severos del gasto que las administraciones centrales, han perdido peso en el conjunto del gasto público y hasta 4 puntos porcentuales en el gasto total en servicios fundamentales.

Francisco Pérez es Catedrático de la Universidad de Valencia y director de investigación del Ivie

 

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