La cigarra, la hormiga y los Presupuestos
El Ejecutivo ha optado por cifras bastante comedidas y realistas
A la vista del cuadro macroeconómico que sustenta el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017, todo parece apuntar a que el Gobierno ha optado por un planteamiento de base bastante comedido. Así, las previsiones de crecimiento –un 2,5% del PIB, que ya ha sido revisado al alza por el Banco de España– y la reducción de la tasa de paro –del 18,6% al 16,6%– no solo no parecen elevadas, sino que, incluso, podrían estimarse bastante realistas atendiendo a su evolución en estos primeros meses del año y a las perspectivas positivas de la economía mundial.
Si el avance de la actividad económica y del número de empleados fuera el esperado –o incluso mayor–, cabría la posibilidad de poder aumentar significativamente los ingresos públicos pudiendo recortar el déficit desde el 4,3% del PIB al 3,1%, cumpliendo así los objetivos estipulados por Bruselas, máxime si contemplamos también un aumento de la inflación –con una subida de precios estimada en el 1,5%–.
En lo que se refiere a los ingresos, que aumentarían un espectacular 7,9%, superando los ingresos tributarios a precios corrientes del boom recaudatorio de 2007, quizá podría parecer un incremento ambicioso que, de cumplirse –que nada indica lo contrario–, constituiría un hito. Si analizamos impuesto por impuesto, y teniendo en cuenta que no se prevé la subida de ninguno de ellos –y que incluso se reducirá el IVA para los espectáculos en directo–, pudiera parecer algo optimista que la recaudación por todos los tributos, especialmente por el IRPF y el IVA, aumente de forma tan notoria, aunque podría ser un reflejo del crecimiento del consumo y de la actividad. Cuestión aparte es el aumento de ingresos por el impuesto sobre sociedades –un 12,6% más que el año pasado– que, aunque le serán de aplicación medidas ya programadas por el Real Decreto-ley 3/2016, tendrá que soportar las devoluciones de los excesivos pagos fraccionados del 2016.
En cuanto al límite de gasto no financiero –118.337 millones–, aunque es menor que el presupuestado en 2016, supone casi un 1,4% más que el que realmente se ejecutó en el pasado ejercicio. Si bien algunas de las partidas que se incrementan, como las de carácter social o las destinadas a políticas activas de empleo, educación, I+D o al ámbito de la justicia, parecen ineludibles, sobre el resto quizá convendría establecer prioridades ya que no hay que olvidar que tenemos unos gastos –los financieros– que no podemos soslayar y que constituyen una pesada carga que es probable que empiece a crecer por la subida de tipos de interés.
A esto último va ligado otro aspecto de capital importancia, que no puede ser obviado en cuanto que supone un lastre para el aumento de nuestra competitividad, y que es la deuda pública de nuestro país, que continúa estando muy cerca del 100% del PIB y que habremos de reducir en los próximos años para mejorar la percepción que los mercados tienen de nuestra solvencia y rebajar nuestra prima de riesgo.
Por otra parte, tampoco hay que olvidar el déficit de la Seguridad Social, que se halla en los índices más altos de su historia y que, aunque se espera reducir durante este año por la recuperación del mercado de trabajo, continúa siendo alarmante.
A la vista de lo expuesto, podríamos hacer una lectura positiva si atendemos al actual marco macroeconómico, a la evolución de la economía española, al fuerte crecimiento de las exportaciones, al empuje de la demanda interna y a la creación de empleo, que podrá impulsar la renta disponible, recuperar las bases tributarias y aumentar la recaudación, rebajando, además, los gastos por prestaciones de desempleo y aumentando los cotizantes a la Seguridad Social.
Sin embargo, sobre este incremento de la actividad penden incertidumbres como la posible alza de los precios del crudo, la subida de los tipos de interés de la deuda pública a 10 años, los riesgos institucionales –dentro y fuera de casa– o el despegue poco claro de la eurozona, que constituye el principal mercado de nuestras exportaciones. Por ello, no estaría de más que en la concreción de los presupuestos, y más aún a la hora de ejecutarlos, no se produzcan desvíos en el gasto que puedan incidir aún más en los desequilibrios del déficit y la deuda, y frenen nuestro futuro, no vaya a ser que al final nos pase lo que a la cigarra de la conocida fábula de Samaniego.
Valentín Pich es presidente del Consejo General de Economistas.