Un ejercicio con los deberes bien hechos
El esfuerzo de reducción del déficit público constituye un factor esencial para explicar la vigorosa recuperación de la economía española
España cumplió sobradamente con sus deberes de consolidación fiscal el año pasado, al registrar un déficit público del 4,33% del PIB y cumplir con holgura con el objetivo acordado con Bruselas. La Administración pública ingresó 421.672 millones de euros, un 1,5% más, y elevó el gasto únicamente en un 0,3%, en lo que supone prácticamente un calco del efectuado en 2015. El desfase entre ingresos y gastos fue de un 2,52% en la Administración central, de un 0,82% en las comunidades autónomas y de un 1,62% en la Seguridad Social. Los ayuntamientos, a la cabeza en saneamiento y disciplina presupuestaria, obtuvieron un superávit del 0,62%.
La radiografía de las cuentas del Estado en 2016 arroja más de un hito, alguno de ellos histórico, como el hecho de que la partida de gasto se haya cerrado prácticamente en la misma cifra que el año anterior, con una mínima variación de un 0,3%. Se trata, además, de la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy cumple con las exigencias de Bruselas desde 2012 y que lo hace, además, con facilidad. Es cierto que las negociaciones con la Comisión Europea han posibilitado ese buen resultado, dado que a principios del ejercicio el objetivo era del 2,8%, que fue ampliado en abril hasta el 3,6% y finalmente, ante la evidencia de que los números no cuadrarían, se dejó en un más factible 4,6%.
En cualquier caso, y como recordaba ayer Cristóbal Montoro, el esfuerzo de reducción del déficit público constituye un factor esencial para explicar la vigorosa recuperación de la economía española, en contraste con unos años en los que las maltrechas y desequilibradas cuentas de las Administraciones públicas dispararon el coste de financiación del país y lo pusieron en la cuerda floja.
Para cumplir con las exigencias marcadas desde Bruselas, el Gobierno ha echado manos de dos directrices que han funcionado con eficacia: un férreo control del gasto y el cierre anticipado presupuestario. Pese a ello, no todas las herramientas han funcionado con la eficacia esperada. La Agencia Tributaria se quedó el año pasado por debajo de lo presupuestado en cuanto a recaudación, y ello aún tras haber adoptado medidas como los incrementos de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades, que elevaron un 5% los ingresos por este tributo, pero tampoco alcanzaron la cifra prevista.
La radiografía de las cuentas públicas españolas arrastra zonas de riesgo –los números rojos de la Seguridad Social, por ejemplo– pero muestra los resultados de un severo ejercicio de saneamiento logrado gracias al esfuerzo, la disciplina y el sacrificio. Ahora resta seguir manteniendo en líneas generales esa receta, pero también flexibilizar algunas partidas presupuestarias, así como apostar por reformar los mercados e incentivar la actividad de los grandes responsables de la recuperación: las empresas.