Frente al cártel, chivatazo de los empleados
El Parlamento Europeo cifra entre 181.000 y 320.000 millones de euros al año las pérdidas causadas por los pactos ilegales entre compañías
La Comisión Europea ha creado un nuevo canal de denuncia para animar a los empleados a denunciar las prácticas anticompetitivas de sus empresas. Bruselas confía en que los chivatazos, bien sean anónimos o con nombre y apellidos, permitan redoblar el combate contra los cárteles que, según la Comisión, gangrenan la economía europea. Un reciente informe del Parlamento Europeo cifra entre 181.000 y 320.000 millones de euros al año las pérdidas causadas por los pactos ilegales entre compañías, bien para repartirse fraudulentamente los mercados o para elevar artificialmente sus precios en detrimento del consumidor y de otras empresas. Un vicio este del que España tampoco está libre, como viene demostrando el creciente número de expedientes por esas causas incoados por la CNMC –en gran parte gracias al sistema de clemencia– y su resolución en importantes multas.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, está convencida de que los empleados disponen de información confidencial que permitiría a Bruselas perseguir con más eficacia y castigar con justicia a los cárteles empresariales. Vestager pone a disposición de esos potenciales denunciantes una página web en la que, por medio de un servidor externo que garantiza el anonimato, pueden contactar con la Dirección General de Competencia de la UE para facilitar información sobre los presuntos abusos.
El plan de la comisaria danesa completa el programa de clemencia que ofrece a las empresas librarse del castigo si denuncian antes que nadie el cártel en el que han participado. Este, según la Comisión, ha sido un éxito y está detrás de la mayoría de los casos investigados los últimos años, pero el hecho de que los particulares puedan exigir ahora en la UE daños y perjuicios parece estar frenándolo. Aun así, solo en lo que va de año se ha castigado en la UE a 21 empresas por un total de 999 millones. Desde 2013, las castigadas han sido 130 con multas en total de 8.445 millones.
En el caso de las denuncias individuales, Bruselas no ofrece un programa de clemencia porque no puede imponer multas a personas físicas. Pero Vestager está decidida a explotar la buena voluntad de los empleados –directivos o no– que conocen y no comparten prácticas ilegales en sus empresas. Y, por qué no, la propuesta también tienta a empleados y exempleados que, por revancha, desean denunciar a sus compañías. Muchas denuncias en delitos sobre la fiscalidad han llegado por esa vía, desde empleados de auditoras, de consultoras o de los grandes bancos que han pasado información a las autoridades de Hacienda o de Competencia. Vestager quiere ahora aprovechar el gran potencial de información que puede generar contra un cártel un ejecutivo arrepentido, avergonzado o simplemente despechado. Así puede abrir un debate sobre la lealtad, pero sobre ella han estar la honestidad, la legalidad y el bien común.