Crisis en los puertos

De la Serna mantiene la oferta a la estiba tras el rechazo del Congreso

El Congreso tumba el real decreto con el voto del PSOE en contra

Patronal y sindicatos vuelven el martes a la mesa de negociación

El Ministerio de Fomento vuelve a la carga con la liberalización de la estiba. Minutos después de que una mayoría en el Congreso haya votado en contra del real decreto ley que pretendía abrir esa actividad a la competencia, el ministro De la Serna ha asegurado que su propuesta a los trabajadores sigue sobre la mesa: prejubilaciones para mayores de 50 años con el 70% del salario medio percibido en los seis últimos meses, la subrogación del 100% del empleo,y la creación de una comisión de seguimiento. “Hemos actuado con responsabilidad tanto en la elaboración como en la tramitación de la norma”, ha afirmado el titular de Fomento en rueda de prensa.

El decreto, que salió adelante en Consejo de ministros el 24 de febrero y que fue publicado en el BOE, ha quedado derogado, pero el proceso continúa. Para el martes esta fijada una nueva reunión entre patronal (Anesco) y los sindicatos que lidera Coordinadora. En ese encuentro, ha avanzado el ministro, debería valorarse la propuesta realizada ayer por el Gobierno. "Tanto estamos en la negociación que yo mismo he participado en tres encuentros con los trabajadores y la oferta que hemos realizado por iniciativa propia, al comprobar que la negociación no avanzaba, está sobre la mesa", ha señalado De la Serna.

El portavoz del PSOE en la comisión de Fomento, César Ramos, ha señalado que el plan del Gobierno llegó tarde y sin consensuarse con los trabajadores

El polémico decreto ha sido derrumbado por 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, ERC, la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias. A favor han estado el PP y sus socios UPN y Foro Asturias. Ciudadanos, por su parte, ha girado del apoyo a la abstención a la vista de que sigue sin haber pacto entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Conocido el rechazo mayoritario, el sindicato Coordinadora ha avanzado las cuatro jornadas de huelga en los puertos que comenzaban mañana y se iban a celebrar en días alternos. Con esta decisión, los representantes de los 6.152 estibadores que operan en este país bajo el paraguas de la Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) valorarán el último plan apadrinado por De la Serna en la citada reunión con la patronal del próximo martes.

El real decreto pretendía acabar con el monopolio de facto de las Sagep, proveedoras de empleados para cargar y descargar los barcos, y a las que las compañías de la estiba deben pertenecer, vinculadas al capital, de forma obligatoria. El nuevo escenario mantenía las Sagep, aunque perdiendo su actuación bajo ese régimen especial, y se abría a los centros portuario de empleo (CPE) y ETT. De este modo, cualquier compañía puede establecerse libremente en un puerto y seleccionar su personal en el mercado.

En este contexto, Fomento ha puesto sobre la mesa las prejubilaciones más ventajosas ofrecidas jamás en un proceso de reconversión, y cargará con los pasivos laborales de los estibadores, por una cuantía de 350 millones, para que puedan integrarse en nuevas empresas sin mochilas como la antigüedad.

El Gobierno ofrecía un periodo de transición de tres años para la liberalización total, frente a los siete años que reclamaban las fuerzas sindicales. Además, las centrales urgían la creación de un registro de los estibadores capacitados, por experiencia o formación, para acceder a un puesto, lo que ha sido rechazado tanto por el Gobierno como por la Comisión Europea.

  • El Gobierno señala reponsables del pago de la multa

El ministro se ha mostrado contrariado por el voto negativo de la oposición y la abstención de Ciudadanos: "Han tenido la oportunidad de introducir variaciones en el texto, tras la convalidación, adaptándolo como proyecto de ley, pero está claro que la intención era otra", ha valorado, "han dado un palo al Gobierno contra el bolsillo de los españoles".

Durante su intervención ante los medios también ha responsabilizado a los grupos que han rechazado el decreto de la estiba del posible pago, por parte del Estado, de una multa de 23 millones de eurospor la no convalidación, cifra a la que se sumarán otros 134.000 euros diarios hasta que la reforma de la actividad de carga portuaria salga adelante en la Cámara Baja. "Esta situación aboca a que los españoles tengan que pagar una sanción muy importante, que vendrá directamente de su bolsillo”. La CE había parado el reloj, en el caso de la sanción, a la espera del resultado del debate en el Congreso. Tras ser tumbado el decreto, la multa vuelve a sumar la citada cuantía diaria a partir del 24 de este mes.

Tras la negociación de la semana que viene, y siempre y cuando haya acuerdo entre empresas y trabajadores, Fomento tendría que volver con este u otro texto legal al Consejo de Ministros para su posterior convalidación. Y es que, tal y como ha subrayado De la Serna, España está obligada a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra el régimen de la estiba por incumplir el artículo 49 del Tratado de la Unión, el que se refiere al libre establecimiento de empresa.

La obtención de un pacto que derive en la paz social ha sido puesto como condición por el Grupo Socialista para dar su respaldo a la reforma de la estiba. Su portavoz en cuestiones relacionadas con Fomento, César Ramos, ha señalado durante su intervención que el plan del Gobierno llegó tarde y sin consensuarse con los trabajadores. El diputado socialista también ha recordado que el PP eludió llevar este debate al Congreso en 2015, cuando la CE ya había dado la orden de liberalizar la estiba española, por intereses partidistas ante la cercanía de elecciones.

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