Editorial

Responsabilidad contra privilegios

El Congreso rechazó ayer la convalidación del real decreto con el que el Gobierno pretende liberalizar la actividad de la estiba y desestiba en los puertos, que sigue refugiada en el privilegio corporativo de un colectivo que se protege a sí mismo manejando tanto la entrada de efectivos en la actividad como los ritmos de carga y descarga, sin que las empresas puedan hacer otra cosa que aceptarlo o abandonar el mercado. Un colectivo que pretende tener de rodillas al regulador y a las empresas con una convocatoria de huelga de quita y pon que encubre su decidido propósito de que todo siga igual. La reforma rechazada ayer es inducida por la norma comunitaria y por una sanción creciente que pesa sobre España (134.000 euros diarios desde el 24 de marzo) si sigue permitiendo este régimen cerrado y vertical de relaciones industriales.

La victoria de los estibadores de ayer ha sido consentida por una oposición que ha primado la colleja política al Gobierno a la solución al problema, que volverá al pleno si la próxima semana la negociación desbloquea un nuevo decreto réplica del ahora rechazado. En tanto, Fomento mantiene la oferta de prejubilar a los estibadores con 50 años y el 70% de su retribución, una solución de privilegio para superar un statu quo ya de privilegio y atípico en el mercado laboral.

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