Un Plan de Control con carencias sustanciales

La solución no es hacer planes voluntaristas sin aportar medios, sin cambiar las normas tributarias fiscales o la estructura de la Agencia Tributaria

Hace unos días, el BOE publicó las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2017, que viene a ser la hoja de ruta de Hacienda en la que se definen las áreas de riesgo fiscal y los criterios básicos de las inspecciones que se realizarán este año.

A pesar de que en la rueda de prensa en que se explicó se le dio un aire novedoso, lo cierto es que se trata un plan continuista, puesto que las cinco grandes líneas de actuación: control de grandes fortunas, el fraude en el IVA, la elusión fiscal de multinacionales, el control de la economía digital y el control del fraude en fase recaudatoria, ya eran líneas presentes en los planes anteriores. Es justo reconocer el acierto de estas directrices, pero también es realista poner de manifiesto que en el pasado no han servido para reducir el fraude fiscal, pese a los esfuerzos realizados. La deuda que se recupera año a año es muy pequeña comparándola con la economía sumergida.

El Plan de Control del 2017 aporta, no obstante, algunas interesantes novedades, como aumentar la atención al control de los grandes patrimonios o la de aprovechar, por primera vez, la información contenida en los modelos 750 de la declaración especial de la amnistía presentados en 2012. Recordemos que la amnistía supuso que 30.000 defraudadores pudieran regularizar 40.000 millones de euros, que tributaron a un tipo efectivo del 3%, sin pedir la justificación del origen del dinero y poniéndoles en bandeja a los delincuentes la posibilidad de blanquear las ganancias del delito. Pese a las peticiones de inspectores de Hacienda del Estado para controlar estas declaraciones, la Agencia Tributaria no lo consideró oportuno y, en un primer momento, incluso denegó a los inspectores el acceso a dichas a declaraciones, algo tan incomprensible como que en medio de la guerra de trincheras le pongan un candado al armario de las granadas para que los soldados no las puedan utilizar.

La cuestión es por qué se hace ahora y no hace cuatro años como hubiera sido lógico. La respuesta es sencilla y es que ya el pasado noviembre de 2016 se cumplieron cuatro años del fin del plazo de la amnistía; es decir, prescribió el derecho a comprobar y regularizar este tipo de cuestiones. Es obvio que se ha vuelto a perdonar a los defraudadores, ya que solo podremos echar el guante a los defraudadores contumaces, aquellos que sigan hoy en día sin presentar el modelo de bienes en el extranjero.

"Llama poderosamente la atención la poca atención que el plan dedica a los paraísos fiscales"

Llama poderosamente la atención la poca atención que el plan dedica a los paraísos fiscales, citados solo en una ocasión. También el que no se mencione siquiera la palabra corrupción, a pesar de que prácticamente en todos los casos de corrupción se suelen detectar delitos de fraude fiscal.

El plan tampoco incide en divulgar los efectos negativos del fraude y los positivos de los impuestos, ni propone programas de educación cívico tributaria para niños; olvida la importancia de diseñar campañas de concienciación a la sociedad para destacar que el fraude es cosa de todos, que es incívico, insolidario, asocial, y poner en valor que los impuestos pagan los servicios públicos que disfrutamos.

Tampoco me gusta la aseveración inicial incluido en el plan en la que se resalta la “importante labor para contribuir al saneamiento de las cuentas públicas y conseguir los recursos necesarios con los que financiar los servicios públicos”. La Agencia Tributaria tiene como objetivo gestionar el sistema tributario y luchar contra el fraude fiscal, pero no debería obsesionarse por la recaudación, ni exprimir a los ciudadanos con saña arrebatándoles su dinero para sanear las cuentas públicas. Nuestra función no es recaudar cuanto más mejor, sino aplicar el sistema tributario con justicia para que todos paguen aquello que les corresponde.

De sobra es sabido que la Agencia Tributaria adolece de falta de personal, con uno de los ratios funcionario por habitante más bajos de Europa, y que ha perdido varios miles de funcionarios en el último lustro que no se han repuesto. Por ello, este plan debería venir acompañado de una reasignación del personal más coherente con el control de las actividades económicas, grandes empresas y patrimonios. Se deberían modificar los sistemas de objetivos de la Agencia y habría que reestructurar la composición y funciones de los equipos de inspección para potenciar la eficacia y eficiencia de esta organización.

En conclusión, la solución no es hacer planes voluntaristas sin aportar medios, sin cambiar las normas tributarias fiscales para que estas no sean vulnerables al fraude, sin modificar la deficiente estructura de la Agencia Tributaria, que no tiene siquiera estatuto jurídico que regule su funcionamiento.

El poeta Pérez Campoamor escribió “nada es verdad, nada es mentira, todo es del color con que se mire”. Ello me lleva a concluir que no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para luchar contra el fraude, a pesar de que todos los Gobiernos dicen que se está haciendo mucho. Que cada ciudadano ponga su color.

Julio Ransés Pérez Boga es inspector de Hacienda del Estado.