El fondo europeo se resigna al rescate estatal del Monte dei Paschi
El Mecanismo Único de Resolución admite que el recate suave anunciado por Roma es posible El Monte dei Paschi se libra de momento de estrenar las drásticas condiciones del MUR
La presidenta del Mecanismo Único de Resolución Bancaria de la zona euro, Elke König, ha pedido hoy que se apliquen con rigor las nuevas normas europeas sobre reestructuración bancaria, para evitar que los contribuyentes sufraguen otra vez el rescate del sector. Pero König ha admitido que en el caso del Monte dei Paschi se puede invocar una excepción, como ha hecho el gobierno italiano, para no aplicar a rajatabla la imposición de quitas prevista en la nueva normativa europea.
"La recapitalización preventiva es el único instrumento que permite una intervención sin desencadenar una reestructuración", ha señalado König en Bruselas durante una rueda de prensa para hacer balance del primer año de la máxima autoridad de resolución bancaria de la zona euro. Kónig ha subrayado, no obstante, que esa vía hacia un rescate suave solo es posible cuando una entidad se considera "solvente", un parámetro que cumple Monte dei Paschi, según los supervisores.
El MUR se estrenó el 1 de enero de 2016, con el objetivo de proceder a la resolución de los bancos en riesgo de caída o incapaces de garantizar su viabilidad sin apoyo público. En estos primeros 12 meses, según König, el organismo ya ha pergeñado los planes de resolución de 70 entidades que se encuentran bajo su autoridad y ha supervidsado varios casos de insolvencia en entidades menores.
Pero el MUR también ha visto ya cómo se le escapaba su primer 'cliente' potencial para una resolución. El banco Monte dei Paschi parecía a finales del año pasado condenado a convertirse en la primera entidad que estrenase las nuevas normas europeas sobre reestructuración y resolución, que exigen que el rescate de las entidades sea financiado por los inversores y acreedores del propio banco y, sólo en casos extremos, se permite la entrada de dinero del contribuyente.
Pero Roma ha invocado una excepción de la nueva directiva para llevar a cabo una recapitalización preventiva de la entidad, lo que mitigará la imposición de pérdidas a los inversores, en particular, a los miles de particulares italianos que han comprado la deuda menos protegida del banco.
El MUR se resigna a ese rescate blando. Y fuentes europeas admiten en privado que todavía pueden pasar varios años hasta que el nuevo organismo pueda ejercer por completo sus poderes y aplicar de manera tajante las directivas de resolución aprobadas tras la reciente crisis financiera, que provocó una gigantesca inyección de dinero público en el sector bancario.
Entre 2007 y 2014, según la Comisión Europea, 112 bancos requirieron ayudas de Estado, con una factura para los Estados de 671.000 millones de euros en capital y préstamos y 1,1 billones de euros en avales y liquidez. En países como España, Holanda, Bélgica, Portugal, Grecia o Irlanda, más del 50% del sector (por volumen de activos), necesitó el socorro del Estado para sobrevivir.
Tras la crisis, el Banco Central Europeo ha asumido la supervisión de la mayor parte del sector y el MUR tiene la última palabra sobre la potencial liquidación de una entidad. Y desde enero de 2016 está en vigor la directiva europea que impone drásticas condiciones para la reestructuración de las entidades en dificultades y sólo permite la entrada de capital público cuando inversores y acreedores han sufrido unas pérdidas equivalentes al 8% de los activos.
La presidenta del MUR ha asegurado hoy que las entidades financieras se encuentran ahora mucho mejor capitalizadas y ha pedido que no se retrase la intervención de las que estén en dificultades por miedo al contagio. "Seamos absolutamente claros: no todas las quiebras bancarias suponen una amenaza a la estabilidad financiera", ha subrayado König.
"La directiva de resolución", ha recordado la ejecutiva alemana, "se diseñó para garantizar que los bancos pueden resolverse de manera segura y sin impacto adverso en la estabilidad financiera". Y ha añadido que "estaríamos haciendo un flaco favor a los contribuyentes europeos y a las futuras generaciones si nos negamos a utilizar estos instrumentos". Italia, de momento, prefiere no hacerlo.
