Colombia busca inversión para consolidar la paz
El acuerdo con las FARC incluye el desarrollo de amplias zonas rurales
La situación de estabilidad y prosperidad económica que vive Colombia desde hace unos años, unida a las oportunidades que va a traer el acuerdo de paz con las FARC, convierten a este país en un foco de atracción de inversión extranjera y en campo de actuación para las empresas españolas, grandes pero también medianas.
Este es el mensaje que los socios del bufete colombiano Posse Herrera Ruiz han querido transmitir en Madrid, tras la presentación de su alianza con la firma española Cuatrecasas. “Colombia es uno de los países con mayor estabilidad económica de la región y, aunque este año ha habido una desaceleración por la caída de los precios de las materias primas, sobre todo del petróleo, la situación es buena", explica Jaime Herrera.
En los últimos años se han puesto en marcha políticas que fomentan la construcción de infraestructuras y viviendas, han caído los niveles de pobreza absoluta, lo que ha elevado la clase media con poder adquisitivo, “lo que es muy atractivo para diversos sectores", y se ha consolidado el sector exportador al estabilizarse el peso colombiano frente a las monedas de otros países competidores. El paro ha bajado y se mueve en una tasa por debajo del 9%, detalla el jurista.
También lo ha hecho la tasa de economía sumergida y se espera, según las previsiones del Banco de la República, que en 2017 también lo hagan los tipos de interés. La inversión extranjera, muy importante en la explotación de los recursos naturales, sube en otros sectores, como la industria y los servicios, lo que da entrada a más variedad de empresas, no solo a las grandes multinacionales.
- Compromisos
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, los abogados colombianos creen que el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC abre una serie de oportunidades, no solo políticas, sino económicas. “Pese a que venció el no en el referéndum de hace un mes, no significa que los colombianos no quieran la paz, es que muchos ciudadanos no aprueban diversos puntos que fueron aprobados y hay que negociarlos. Las diferencias son superables, eso es lo que se percibe", señala Daniel Posse, otro de los socios de la firma. De hecho, el Gobierno y las FARC alcanzaron el domingo un segundo acuerdo, con 60 modificaciones, que mejora el anterior.
El Gobierno lleva cuatro años elaborando este pacto que consta de cuatro ejes: participación política de los exguerrilleros en la vida del país, erradicación de los narcocultivos, justicia, penalizaciones y reforma agraria integral de las zonas rurales, muchas de ellas en manos de las FARC durante años. Este último punto es clave, “la nuez", en palabras de Posse. Según lo firmado, Colombia se compromete a tener en cuenta a las áreas rurales, en las que viven 14 millones de personas, casi el 30% de la población.
Estos pobladores, por la difícil orografía de la mayoría de las zonas, viven relativamente aislados y con muy pocos servicios. El desarrollo de estas regiones va a suponer grandes inversiones por parte del Estado y la oportunidad para muchas empresas que quieran llegar allí y construir vías de comunicación, hospitales, escuelas, centros sociales y dotar a la población de todo tipo de servicios.
La erradicación del cultivo de drogas es otra oportunidad. En el acuerdo se establece que los cultivadores tienen dos años para sustituir la coca por otros productos. Si al cabo de ese tiempo no lo han hecho, se tomarían medidas legales.
- Infraestructuras
Colombia está necesitada de grandes inversiones por la cantidad de infraestructuras que se están llevando a cabo o que están en proyecto. El acuerdo recoge también la construcción de obras. La abogada Alessia Abello afirma que en este campo “hay un desarrollo significativo con respecto a los países del entorno, a causa del Plan de Cuarta Generación de Concesiones, ahora en su segunda fase".
En carreteras, quedan aún proyectos por adjudicar, si bien el grueso de las obras ya lo está. Lo interesante aquí es la posibilidad de comprar participaciones en las concesiones, que han quedado concentradas en manos de unos pocos grupos. En cuanto al ferrocarril, se espera estructurar 11 proyectos. Este medio se dedica casi en exclusiva al transporte de mercancías. En cuanto a obras aeroportuarias, hay 10 proyectos en curso y las condiciones son similares a los viales. Y respecto a los puertos, a los que el Plan de Cuarta Generación quiere conectar con el resto del país, la norma favorece mucho la participación de la iniciativa privada.
El metro elevado de Bogotá, los trenes de cercanías hacia los municipios aledaños a la capital y el corredor verde de Cali son otros proyectos de envergadura que están a la espera de la luz verde para empezar a ser una realidad.
Reforma fiscal estructural
El 18 de octubre, el Gobierno de Juan Manuel Santos envió al Congreso el proyecto de reforma fiscal estructural que se espera pueda entrar en vigor en enero de 2017. Con esta reforma se pretende redefinir y modernizar todos los impuestos, así como lograr más ingresos para las arcas públicas.A juicio de Juan Guillermo Ruiz, otro de los socios de la firma Posse Herrera Ruiz, es “una reforma transversal que afectará a la inversión". Actualmente, la suma del impuesto a la renta corporativa (equivalente al de sociedades español) y el de las personas naturales (el IRPF en España) resulta un tipo del 40%. Lo que se pretende es que el tipo combinado se quede en el 30%, en línea con el vigente en los países del entorno colombiano.
La reforma busca remodelar la carga tributaria de forma que el impuesto sobre la renta, que supone el 1,2% del PIB frente al promedio de la OCDE, que es del 5,9%, aumente sus contribuyentes para así poder reducir el peso del corporativo, que supone el 5,3% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es del 2,6%.
Se modificarán, igualmente, las bases imponibles del impuesto sobre ganancias del capital y se elevará el impuesto a las ventas (el IVA español) al 19%.
La reforma fiscal se completará con una amplia relación de normas antievasión y antifraude.
