Cuatro alternativas para el canon digital anulado por el Supremo
Las entidades de gestión de derechos de autor, el PSOE y la Asociación de Internautas piden un debate profundo con el Gobierno para llegar a una solución.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró este viernes “nulo” e “inaplicable” el Real Decreto que regula el canon digital, que compensa a los autores por la copia privada que realizan los usuarios de sus obras. El Supremo acordó la estimación parcial del recurso interpuesto hace tres años por tres entidades de gestión (Egeda, Dama y Vegap), que entendían que no debían ser los presupuestos estatales los que financiaran este canon, sino solo los usuarios que hicieran copia privada.
La decisión era esperada, pues el Tribunal de Justicia de la UE ya falló el pasado junio que la compensación a los autores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado era “incompatible con la normativa europea”. La máxima instancia judicial comunitaria aceptaba el modelo, pero rechazaba su forma de aplicarlo en España porque no permite a las empresas librarse de contribuir a financiar el canon, pese a que no tienen derecho a la copia privada y, por tanto, no causan perjuicio a los autores.
Desde 2012, tras la anulación del sistema anterior (donde el canon por copia privada lo pagaban las empresas tecnológicas como preveía la Ley de Propiedad intelectual), el canon digital se sufraga en España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el importe se fija anualmente, “dentro de los límites presupuestarios” establecidos para cada ejercicio. La fórmula, aprobada por el entonces ministro de Educación y Cultura José Ignacio Wert, fue duramente criticada por las entidades de gestión por “indiscriminada” y por impactar negativamente en sus ingresos por este concepto. Según aseguró este viernes Magdalena Vinent, la presidenta de Adepi, asociación integrada por las ocho entidades de gestión en España, “los autores han dejado de percibir 500 millones en estos años”, informó Efe.
También Rafael Sánchez, directivo de Egeda, recordó que las cantidades perdidas correspondientes a 2012, 2013, 2014 y 2015 “ya se han recurrido”, y lo mismo harán con las de 2016, para reclamar una indemnización, “ya que solo han percibido cinco millones al año en lugar de la justa compensación que se calculó en unos 115 millones por ejercicio”.
Ahora, el fallo del Supremo ordena la “inaplicación” del real decreto 1657/2012. Y ello obligará al Gobierno a aprobar “un sistema alternativo que satisfaga la jurisprudencia europea y la española”, como reconoció este viernes el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. Tras la noticia, también se pronunció el eurodiputado socialista José Blanco, que aseguró que la sentencia “abre una oportunidad para buscar una solución desde el entendimiento y desde el respeto, que es precisamente lo que faltó cuando se aprobó el sistema actual”. Egeda y la Asociación de Internautas (AI) igualmente creen que es momento para retomar un debate profundo con todos los agentes interesados para llegar a una solución.
José Pérez García, ex director general de la desaparecida patronal tecnológica Asimelec y autor del libro La Industria electrónica ante el canon y la copia privada digital, asegura a CincoDías que hay muchas alternativas, “pero puede ser interesante repasar aquellas que se planteaban al canon y que merecieron más atención por los deudores”. Son estas:
1. Aplicar el canon en origen. El canon estaría incluido como parte del precio de la obra original. Cuando un usuario adquiere una obra original paga un precio en el cual iría incluido, no solo la remuneración de la obra original, sino también el derecho de copia privada de esa obra y el pago de ese precio es el que legitima a realizar la copia con los límites que marca la Ley. “Quizá este sea el sistema más justo”, asegura.
2. Pago del canon en el canal de distribución. Supondría que el pago del canon se realizaría por el consumidor directamente al distribuidor o minorista en el momento de la transacción. “Las ventajas son incontestables. Por un lado, para las propias entidades de gestión, encargadas de la recaudación que evitarían el riesgo de fraude transfronterizo que se produjo en su día. Por otra parte, la cercanía con el consumidor, además de evitar el fraude, podría tener mayor eficacia en el ámbito de evitar lo que se ha llamado canon indiscriminado, y que a la larga supuso el fin de la institución”.
3. Aplicación de un porcentaje por equipo. Aplicar un tanto por ciento, como un impuesto indirecto, sobre el precio, en función de la naturaleza del producto. Ello permitiría graduar el canon aplicando un porcentaje superior a aquellos equipos y soportes que, supuestamente, tengan más capacidad de copia. “Este sistema podría funcionar como un mecanismo semejante al IVA (declaraciones trimestrales y pago correspondiente, en función de lo declarado). Obviamente y dada la naturaleza privada de esta exacción, no debería ser el Estado o los poderes públicos, los que realizaran la recaudación, sino una entidad única a nivel estatal o europeo”, apunta Pérez.
4. Sistema de compensación armonizada. Supone abordar un proceso armonizador, con claridad en los equipos e importes, tanto a nivel nacional como comunitario. Con esta fórmula, según Pérez, “sería necesario hacer ajuste entre los diferentes mercados, pero podrían venir establecidos por la autoridad europea. No obstante, el hecho de que se fijara una lista única y definitiva para todos los países, y unas bandas de tarifa, como existe hoy en el IVA, evitaría la distorsión que se ha producido tradicionalmente”.
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