Informe de la Comisión Europea

Bruselas desmonta el mito del turismo sanitario

La mayoría de los países de la UE tramitaron en 2015 menos de 100 solicitudes para recibir atención sanitaria en el extranjero, según el primer informe del a Comisión Europea sobre la aplicación de la directiva que pretendía atajar el llamado turismo sanitario. El documento muestra también que la factura de la atención sanitaria sin permiso previo no llegó a los dos millones de euros en casi ningún país. En España, fue solo de 3.966 euros.

La directiva entró en vigor en octubre de 2013, tras una gran polémica sobre la presunta explosión del gasto sanitario provocado por la trashumancia de pacientes a la búsqueda del mejor y más rápido tratamiento. La norma introdujo un sistema de autorización previa para aquellos que requiriesen una hospitalización de, al menos, una noche; para los tratamientos más especializados y caros; y para los casos graves en que el traslado del paciente estuviese relacionado claramente con la búsqueda de una mejor calidad.

El primer balance de la aplicación de la directiva, publicado hoy por el departamento de Vytenis Andriukaitis, comisario europeo de Sanidad, parece indicar que la alarma sobre los presuntos abusos de los pacientes estaba muy exagerada. Seis países introdujeron mecanismos para limitar el acceso transfronterizo a sus sistemas sanitarios, pero no han llegado a utilizarlos. Y el sistema de autorización previa ha tenido un uso limitado, salvo en casos muy concretos como Luxemburgo o Eslovaquia, donde algunos pacientes se trataron en Alemania y República checa respectivamente.

En 2015, primer ejercicio con datos significativos sobre el impacto de los controles, las solicitudes de autorización fueron una media de 80 por país. Sólo Luxemburgo (334) descolla claramente del grupo. Irlanda (216) e Italia (194) también recibieron un número más elevado de solicitudes, pero muchas fueron rechazadas o retiradas. En España se presentaron 24 y se autorizaron 15.

 Alemania fue el país que más pacientes atendió tras ser autorizados, procedentes, sobre todo, de Luxemburgo. España también atendió a 36 pacientes del Gran Ducado luxemburgués; 12 de Reino Unido, tres de Italia y uno de Bélgica: 52 en total.

Las solicitudes de reembolso por atenciones no autorizadas también “fue bajo”, según la Comisión, salvo en Bélgica y Dinamarca. España sólo recibió 11 peticiones de reembolso de afiliados ala Seguridad Social. Y según los reembolsos presentados en otros países, atendió 1081 belgas, 1073 daneses, 2.852 suecos y 54 británicos.

La factura de reembolso por las prestaciones recibidas en el extranjero fue en casi todos los países inferior a los dos millones de euros, excepto en Suecia (6,7 millones), Bélgica (4,7 millones) y Noruega (6,7 millones). España reembolsó menos de 4.000 euros a sus afiliados a la Seguridad social.

La Comisión ya aseguró durante la tramitación de la directiva que la inmensa mayoría de los enfermos prefieren ser atendidos en sus países de origen, donde dominan el idioma y suelen contar con una red de apoyo familiar o de amistades. Bruselas calculaba entonces que el coste de la asistencia sanitaria transfronteriza no llegaba al 1% del gasto público en salud, que asciende a 10.000 millones de euros en toda la UE. La factura de la asistencia programada, es decir, de pacientes que se trasladan ex profeso a otro países, era aún más baja, según la CE. Los primeros datos apuntan a que Bruselas tenía razón.

Normas
Entra en EL PAÍS