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El Foco
Tribuna
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Solidaridad intergeneracional y reforma de las pensiones

En Alemania, hay en marcha una reforma para subir la edad de jubilación a 67 años. El Bundesbank sugiere a 69

Thinkstock
Santiago Carbó Valverde

Es un debate de ida y vuelta que la inapelable evidencia de un cambio demográfico acabará haciendo una cuestión de urgente tratamiento. Hablar de reformar las pensiones es siempre delicado. Con buena parte de razón, siempre se piensa que esa reforma implica sacrificios, pero está demostrado que, en lo que a las pensiones se refiere, cuanto antes se tomen las medidas, más suave es el aterrizaje que lleva desde un sistema insostenible e irrealista a otro que prolongue los logros y aspiraciones legítimas del denominado Estado del bienestar. Lo que resulta demagógico es culpar de forma exclusiva a la crisis económica y a una mala gestión pública del sistema actual, aludiendo incluso a que la amenaza de la insostenibilidad es un bulo interesado. Nada más lejos de la realidad: es algo de lo que preocuparse y mucho.

"Según el CIS, el 59% de los españoles creía aportar más con sus impuestos de lo que recibirá del Estado en inversión y servicios”

La realidad es que la población española, como la de la mayor parte de las economías avanzadas, envejece a una velocidad nada despreciable. La esperanza de vida en España –según datos del Instituto Nacional de Estadística– es de 78,9 años para los hombres y 84,9 años para las mujeres. La media es de 81,9 años. En Alemania, donde es de 80,9, se plantean ya nuevas reformas. Ya hay una en marcha que elevará la edad de jubilación hasta los 67 años y, en los últimos días, el Bundesbank ha sugerido que debiera llegar a los 69. Con elecciones a la vista, el ejecutivo germano difícilmente hará suyas las propuestas del banco central. Precisamente, porque este tipo de iniciativas tiene un rédito electoral habitualmente negativo. Pero la realidad es machacona: el Fondo Monetario Internacional estima que la población europea envejecerá de considerablemente en los próximos 20 años. No solo aumentará el porcentaje de jubilados, sino que se proyecta que la proporción de trabajadores de 55 a 64 años aumentará en un tercio, del 15% al 20%. Aunque la experiencia de estos trabajadores podría tener un efecto positivo en la productividad, la obsolescencia de las competencias se estima que tendrá un efecto (negativo) aún mayor.

Más allá de la edad de jubilación –siendo una variable muy relevante– cabe cuestionarse la eficiencia del propio sistema de financiación de las pensiones. Incluso admitiendo que el tan referenciado recurso a la hucha de las pensiones (consumo del fondo de reserva) puede tener un componente coyuntural, el sistema actual, recientemente reformado, parece insuficiente a todas luces. De forma algo simplificada, pero espero que ilustrativa, el sistema ahora en vigor, aprobado en 2013, vincula la pensión a un factor de sostenibilidad que trata de que las pensiones no se paguen con deuda sino que el gasto se vincule al ingreso. Esto asegura que las pensiones se seguirán cobrando pero si el sistema genera pocos ingresos, las prestaciones serán cada vez más reducidas. Hay muchas propuestas sobre la mesa entra las que destaca la de crear un sistema personalizado, con componentes del modelo de capitalización, en el que cada trabajador tiene una información permanente sobre lo que contribuye, cantidad a la que se va aplicando una tasa de revalorización que garantice la sostenibilidad. En el momento en que decida jubilarse (cumpliendo con los mínimos legales o contractuales) podría calcular la pensión equivalente para la esperanza de vida de cada momento y, si es posible, retrasar su edad de jubilación si así lo desea, lo que también debería tener ciertas garantías legales. Este sistema, con diferentes variaciones, tiene tres ventajas: permite la sostenibilidad al tiempo que las pensiones crezcan; impone una responsabilidad individual, haciendo más énfasis en la responsabilidad; y favorece la información permanente.

Los sistemas hasta la fecha, en contraste, son muy opacos. Esto hace aún más difícil que se estimule la iniciativa política a reformar las pensiones. Ningún partido pondría en juego siete millones de votos sin asegurarse antes que su reforma se comprende. Y eso solo se consigue con información. Recientemente, el CIS ha señalado que un 59% de los españoles creía aportar más con sus impuestos de lo que recibía del Estado en forma de inversión y servicios. Esto es, sin duda, parte de la falacia de la que vive la demagogia de la aparente solidaridad. Conocer la realidad de la sostenibilidad, de forma individual, es esencial para fomentar la solidaridad intergeneracional.

"Los retiros se seguirán pagando dentro de 30 o 40 años, pero pueden ser un 30% o 40% inferiores"

Existen expertos y propuestas detalladas para su consideración inmediata, en las que proporcionar información es fundamental para reducir el miedo al coste político. De hecho, este tipo de reformas no tendría por qué tener un impacto palpable en los actuales pensionistas. Lo que ocurre es que si no se afronta cambio alguno del esquema actual, se estará diciendo una verdad pero ocultando una realidad sombría. La verdad es que las pensiones se seguirán pagando dentro de 30 o 40 años. El oscuro trasfondo es que, al no fomentar un sistema de ingresos más responsable y por encima del gasto, esas pensiones pueden ser un 30% o un 40% inferiores a las actuales.

En paralelo, otra cuestión. Tanto parte de las pensiones contributivas como otras no contributivas tendrían que encontrar otras fuentes de ingresos. La realidad actual, para un número no despreciable de años, es que los salarios no están aumentado para buena parte de la población y existe un porcentaje importante de los activos que tienen un reducido nivel de cualificación y, de encontrar un empleo, no tendrán unas perspectivas salariales muy halagüeñas. ¿Qué impuestos subir o bajar? ¿Qué nuevos incentivos promocionar para el ahorro en pensiones? Muchas cuestiones urgentes que tratar.

Santiago Carbó Valverde, Bangor University, Funcas y Cunef.

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