Promesas electorales
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. REUTERS

Hacienda ve factible aplicar la rebaja del IRPF de Rajoy ya en 2017

El PSOE y C's consideran que la obligación de reducir el déficit público no deja margen para incentivos fiscales

El Ejecutivo alega que una nueva rebaja del IRPF tendría un impacto positivo en el PIB

La rebaja del IRPF que promete el Partido Popular no solo es factible, sino que podría empezar a aplicarse en enero de 2017. Esa es la postura que defendieron este jueves fuentes del Ministerio de Hacienda, que rechazan la idea de que la situación económica y la senda de consolidación impida aprobar incentivos tributarios.

"Mientras unos dicen que bajarán lo impuestos si hay crecimiento, otros defendemos que hay que bajar los impuestos para que haya crecimiento”. Esta es la idea sobre la que el Partido Popular articula su propuesta de rebajar dos puntos el IRPF, una medida que formaciones como Ciudadanos o el PSOE han tildado de electoralista e inviable ante la exigencia de la UE de rebajar el déficit público al 3,6% del PIB este año y al 2,9% el siguiente. Si bien el PP no ha puesto fecha a esta nueva rebaja del IRPF, fuentes de Hacienda señalaron que la reducción podría empezar a aplicarse de forma gradual ya en enero de 2017. De hecho, la reducción del IRPF y el impuesto sobre sociedades incluida en la reforma fiscal se aplicó en dos fases, en 2015 y 2016.

Rajoy se compromete a rebajar del 45% al 43% el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta

Hacienda argumenta que si España creció más el año pasado de lo que apuntaban las previsiones fue precisamente por la rebaja fiscal. Además, fuentes del departamento de Cristóbal Montoro recuerdan que la desaceleración que se auguraba para la segunda parte de 2015 finalmente no se produjo y entienden que a ello contribuyó de forma decisiva la rebaja adicional del IRPF que entró en vigor en verano.

Aun así, la reforma fiscal tuvo un impacto negativo en los ingresos fiscales. El Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas contempla que la reducción de tipos restó 5.902 millones de euros en 2015 a las arcas públicas, cifra que baja hasta los 4.743 millones si se tiene en cuenta el efecto positivo sobre la actividad que tuvo la reforma tributaria en su primer año de aplicación. En este sentido, fuentes de Hacienda resaltan que el informe sobre España publicado el miércoles por la OCDE reconoce que el “estímulo fiscal moderadamente positivo”, en referencia a la rebaja del IRPF, contribuyó a impulsar el consumo en 2016. El organismo internacional alerta de una ralentización de la economía en 2017, cuando los incentivos fiscales y otras variables como el petróleo barato “se disiparán”.

Fuentes de Hacienda destacan que en este contexto es cuando debe entrar en juego el papel de la política y argumentan que la reducción fiscal puede desempeñar un papel importante para dinamizar la economía y combatir la amenaza de estancamiento. Aun así, formaciones como PSOE o Ciudadanos sostienen que la exigencia de reducir el déficit público impide una política fiscal expansiva.

Hacienda considera que valió la pena en términos de crecimiento y empleo incumplir el objetivo de déficit de 2015

Desde el departamento de Montoro reconocen que no se cumplió el objetivo de estabilidad, pero destacan que el déficit público sí que se redujo. Pasó del 5,8% del PIB al 5%, lejos del límite exigido por Bruselas del 4,2%. El Gobierno argumenta que el incumplimiento ha valido la pena en términos de crecimiento económico y creación de empleo. Para este año, el Ejecutivo mantiene que se cumplirá el objetivo de déficit, aunque la experiencia de la última legislatura recomienda tomar con cierta cautela estas muestras de confianza.

Fuentes de Hacienda señalan que el incremento del PIB es necesario también para estabilizar la deuda pública, que actualmente alcanza ya el 100% del PIB. Si la actividad crece más que las emisiones, el ratio se reduce y eso es precisamente lo que espera que ocurra el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, en 2015, el nivel de pasivo se redujo una décima hasta el 99,2%, aunque ha repuntado con fuerza este inicio de año.

La previsión oficial del Gobierno dibuja un escenario en el que el PIB aumentará un 2,7% este año y un 2,8% el próximo. Sin embargo, fuentes de Hacienda aseguran que se trata de una estimación conservadora y que, en realidad, el avance será mayor. Aunque también señalan que ello será así siempre y cuando las elecciones del próximo 26 de junio no impliquen un cambio de política económica.

Más bonificaciones sociales y no tocar el IVA

La situación o, mejor dicho, la mala situación de las finanzas de la Seguridad Social está centrando buena parte del debate económico durante la precampaña electoral. El PSOE ha propuesto un recargo fiscal de solidaridad que recaería sobre las altas rentas y los elevados patrimonios para financiar las pensiones. Fuentes de Hacienda rechazan medidas en este ámbito y sostienen que la Seguridad Social debe analizarse dentro del marco del conjunto del sector público. Desde el departamento de Cristóbal Montoro entienden que el incremento del gasto de la Seguridad Social –derivado del envejecimiento de la población y de que las prestaciones cada vez son mayores– puede financiarse con un crecimiento económico vigoroso. Fuentes de Hacienda consideran que, ante el elevado desempleo, son adecuadas medidas como las bonificaciones sociales a la contratación aprobadas por el Gobierno. De hecho, abogan por extender este tipo de incentivos. Ello va en línea con el programa electoral del Partido Popular.

En cambio, el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, defendió ayer desvincular las pensiones de las cotizaciones sociales e integrar éstas en el sistema tributario de manera que todos los gastos se paguen de la misma “cesta”. En su opinión, el sistema vigente será insostenible dentro de 15 años.

Voces desde el ámbito académico defienden la devaluación fiscal, es decir, bajar las cotizaciones sociales y subir el IVA. Fuentes de Hacienda se muestran contrarias a un nuevo aumento de la fiscalidad indirecta. Y sobre una posible rebaja del IVA, reconocen que no hay margen para ello y que sería una medida que Bruselas no aceptaría.