Programa de Estabilidad
Previsiones del Programa de Estabilidad Ampliar foto

Hacienda reconoce el déficit crónico de la Seguridad Social

El Gobierno contempla que el gasto público vinculado al Estado de bienestar se reduzca

Entre 1999 y 2009, la Seguridad Social registró superávit. Un escenario que, en el mejor de los casos, tardará muchos años en repetirse. Así lo prevé el Gobierno en el Programa de Estabilidad 2016-2019 que aprobó el viernes el Consejo de Ministros y remitió a la Comisión Europea. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó la nueva senda de consolidación fiscal –menos exigente que la vigente– y que contempla que el organismo encargado de pagar las pensiones cierre este año con un déficit del 1,1% del PIB frente al 1,26% registrado el año anterior. El desfase se mantendrá en niveles relativamente elevados y alcanzará el 0,7% del PIBen 2019, último año incorporado en las previsiones (ver gráfico).

El Programa de Estabilidad reconoce que la Seguridad Social sufre un déficit crónico, una opinión que también ha expresado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El propio Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y también los partidos de la oposición han defendido que es preciso abordar el debate sobre el modelo de financiación de la Seguridad Social y plantear la posibilidad de que el sistema se nutra de la recaudación tributaria.

Para el conjunto de la Administración, el objetivo de déficit se relaja de forma notable para los próximos años. En 2016, el límite del 2,8% se amplía hasta el 3,6%. No será hasta 2017 –un año más tarde de lo previsto– cuando España cumplirá el Pacto de Estabilidad al bajar sus números rojos por debajo del 3%. El mayor margen también beneficia a las comunidades autónomas, que el jueves conocieron los nuevos objetivos de déficit. El límite de 2016 pasa del 0,3% al 0,7%. El de 2017, del 0,1% al 0,5% y, el de 2018, del 0% al 0,3%. Para 2019, Hacienda exige equilibrio. La nueva senda supone conceder una margen fiscal adicional y acumulado de 12.300 millones.

El ministro de Hacienda señaló que el Programa de Estabilidad refleja la visión que tiene el Gobierno sobre cómo deben evolucionar las cuentas públicas. Así, el Gobierno espera que el gasto público pase del 43,3% del PIB registrado en 2015 al 40,1% en 2019. El Gobierno presentó un cuadro en el que las principales partidas del gasto aumentaban en términos nominales. Sin embargo, en porcentaje sobre el PIB, el gasto en sanidad, educación y protección social se reducirá en los próximos años. Así, el Estado destinará, según las previsiones del Gobierno, un 15,9% del PIB a pensiones o prestaciones por desempleo en 2019 frente al 17% de 2015. El gasto en sanidad bajará del 6,2% al 5,7% en el mismo período y, el de educación, pasará del 4% al 3,8%. Montoro defiende que la economía española funciona mejor con niveles de gasto público inferiores al promedio europeo. Hacienda estima que la presión fiscal se mantendrá estable.

Un ajuste del gasto de 5.000 millones

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones para mostrar “su compromiso con la reducción del déficit público”. Es una de las pocas nuevas medidas que el Gobierno en funciones ha incluido en el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas. Deberá ser el Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 26 de junio quien determine la política económica a seguir.

En cualquier caso, Montoro señaló que el plan remitido a Bruselas también incluye medidas de ahorro de las comunidades. Hacienda impuso a las autonomías que incumplieron el objetivo de déficit del año anterior la obligación de aprobar un acuerdo de no disponibilidad y un plan de ajuste. Ello, según las previsiones de Hacienda, generará un ahorro de 2.037 millones. La reforma administrativa impulsada en años anteriores reducirá el gasto en 729 millones en 2016. En sentido contrario, la reforma fiscal restará 4.091 millones este año a los ingresos. En total, el Gobierno estima que la rebaja del IRPF supondrá un coste total de 6.449 millones para las arcas públicas, 2.000 millones más de los previstos inicialmente.