“Hay que eliminar las diferencias regionales en Sucesiones”
Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente desde el pasado mes de octubre, Javier Martín Fernández ha sumado a sus obligaciones como abogado –es socio director de F&J Martín Abogados– y académicas la de velar por “la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atender las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado y efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes”. Asume su cargo en tiempos de incertidumbre política y su análisis sobre el sistema tributario en España incluye la convicción de que hay aspectos que es urgente reformar –como la imposición local–, pero también exhibe una considerable dosis de pragmatismo económico.
Las sucesivas reformas y retoques fiscales que se han vivido en España a lo largo de los años, ¿cree que han producido una cierta inseguridad jurídica en materia fiscal?
Desde luego, no se puede negar que los cambios, en materia fiscal, son abundantes y generan alguna incertidumbre. Pero en un periodo de crisis económica como el que hemos pasado es casi el único instrumento de política económica que tiene un Gobierno, por lo que resulta obligada su utilización. Dejamos atrás años en los que todo se solucionaba devaluando la moneda.
¿Es usted partidario de reducir el peso de los productos bonificados con tipos reducidos en el IVA?
El impuesto sería más sencillo y con mayor recaudación, pero tiene unos efectos redistributivos negativos muy serios, pues detraería el consumo de la cesta básica de productos. Además, un incremento de tipos en sectores básicos de nuestra economía, como es el turismo, tendría efectos muy perniciosos. ¡No debemos matar a la gallina de los huevos de oro!
¿Cree que las grandes empresas pagan pocos impuestos en España? ¿Es partidario de reformar el impuesto sobre sociedades en este sentido?
El problema con las grandes empresas es que la mayor parte de sus beneficios se generan en el extranjero, donde son objeto de tributación. España mantiene un régimen de exención favorable, pero creo que es el que ha permitido que se mantengan aquí las cabeceras de los grupos multinacionales españoles.
Hablemos de fiscalidad patrimonial. ¿Habría que caminar hacia una armonización para evitar diferencias entre comunidades autónomas?
Sí. Creo necesario establecer una imposición mínima estatal, aunque debe hacerse en el marco más amplio de un nuevo sistema de financiación autonómica y local, asignatura básica del futuro Gobierno. El impuesto sobre el patrimonio debe evolucionar hacia una imposición sobre las grandes fortunas o desaparecer. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones es preciso eliminar las diferencias entre las comunidades autónomas y sobre las que el Tribunal de Justicia de la UE ha pasado de puntillas. El impuesto sobre transmisiones debe dejar de ser un freno a las operaciones sujetas al IVA. Por último, la regulación tanto del IBI como del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (coloquialmente denominado plusvalía municipal) ha de adecuarse a los tiempos que corren, ya que proviene del antiguo régimen.
¿Qué opina de las distintas propuestas fiscales que han hecho los principales partidos políticos?
Yo destacaría, como propuestas positivas, aquellas que van dirigidas a disminuir la carga fiscal por IRPF, ya que, al final, es un impuesto sobre los trabajadores y clases medias. Incluso se debería avanzar hacia una mayor dualidad del impuesto con un tipo único para las rentas del ahorro, como medida de atracción de capitales. Colocar dinero en los bolsillos estimula el consumo, la demanda y el crecimiento. Pero aun con un escenario económico mejor, esas rebajas no pueden ser de gran cuantía, porque debemos lograr el equilibrio presupuestario. Esta no es una regla impuesta por Bruselas o los mercados, sino lo habitual en cualquier economía doméstica.
“La lista de morosos es más política que jurídica”
Javier Martín defiende que la reforma de la Ley General Tributaria ha dado lugar a un texto normativo razonable y equilibrado, que busca optimizar el control de ciertas formas de fraude, pero también ofrece una mayor seguridad jurídica. Un ejemplo de esto último, explica, son los plazos fijos establecidos en los procedimientos de inspección. La reforma favorece a las dos partes de la relación jurídico tributaria, como ocurre en el caso de las obligaciones conexas. Cuando se le pregunta por uno de los aspectos del texto que ha generado más polémica –la publicación de la lista de morosos con la Hacienda pública–, el presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente hace una cuidadosa distinción entre el valor político de una medida como esa y su trascendencia técnico-jurídica. “La lista de morosos constituye más bien una cuestión política que jurídica. No está mal que se realice una cierta labor ejemplarizante, pero no creo que sea la más relevante de las novedades que establece la reforma de la norma tributaria. Es una pena que el debate mediático se haya centrado en este tema o en otros, como la posibilidad de sancionar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria, y que solo afectan a un número muy limitado de contribuyentes”, señala.
