Un seguro para funcionarios catalanes a los que sancionen
El desbloqueo del Gobierno independentista en Cataluña ha hecho saltar todas las alarmas entres muchos empleados públicos de esta comunidad.
Su temor es tener que realizar acciones administrativas susceptibles de ser contrarias a la legalidad vigente. Ante esta situación el sindicato de funcionarios CSIF ha reactivado y reforzado el protocolo creado para paliar los posibles efectos, sobre los empleados públicos, del proceso independentista catalán.
Y dentro de este protocolo ha adoptado un novedoso acuerdo con una compañía aseguradora para aplicar un seguro contra impagos, que proteja a los trabajadores a los que supuestamente puedan abrir un expediente y suspender de empleo y sueldo por negarse a llevar a cabo acciones “de dudosa legalidad” ligadas al proceso soberanista.
Este seguro cubriría los pagos salariales que queden en suspenso y será gratuito para todos los afiliados al sindicato CSIF.
Las sanciones pueden empezar a producirse entre muchos trabajadores y a diario, ha explicado hoy el presidente del CSIF, Miguel Borra. “Hay que ser conscientes de que un empleado público solo se puede negar a a incumplir una orden de sus superior cuando dicha orden no admita discusión jurídica sobre su legalidad, y eso no ocurre prácticamente nunca”.
Por ello, Borra ha recomendado que ante cualquier "orden de dudosa legalidad", los funcionarios apliquen el protocolo elaborado por el CSIF. Según estas pautas, lo primero que deberán hacer los afectados será solicitar que su superior les de la orden a realizar por escrito.
Acto seguido el CSIF aconseja al empleado que acate la orden y realice el trabajo que se le solicita. Pero, inmediatamente después, se dirija a poner la situación en conocimiento, primero de la Inspección de Servicios de la Consejería que le haya dado la orden y, después, de la Fiscalía.
Esto puede ocurrir, según el ejemplo que puesto hoy por Borra, cuando a un funcionario de Hacienda se le pida que levante un acta sobre un impuesto que no esté cedido a Cataluña.
En esta región trabajan 302.096 empleados públicos, el 12% del total que tiene España. Y de estos, más de la mitad son trabajadores autonómicos.
El responsable del CSIF ha presentado hoy una serie de datos estadísticos sobre el deterioro del empleo público durante la crisis. Solo desde enero de 2010 las administraciones públicas han perdido 155.841 trabajadores, lo que supone un promedio de recorte de las plantillas de 78 trabajadores menos cada día durante seis años. Esta cifra es equiparable, según denunció el sindicato, a la población entera de ciudades como Logroño, Badajoz o Salamanca.
Once profesores menos cada día
La educación lideró estos recortes, con 22.366 profesores menos; seguidos de los efectivos sanitarios, entre los que se perdieron 9.355 puestos de trabajo;las Fuerzas Armadas, con 12. 257 trabajadores menos. Esto supuso la perdida de 11 profesores al día , 5 sanitarios;o 6 militares y 6 carteros. Esto no es un problema solo laboral, sino que Borra alertó sobre el “enorme deterioro” de los servicios públicos que prestan estos trabajadores.
Junto a la destrucción de empleo hay otros problemas que afectan a este colectivo como el incremento de la temporalidad.
Así, los responsables de CSIF han denunciado que desde que las comunidades tienen las competencias educativas, sus gestores han generalizado la práctica teóricamente fraudulenta de dar de baja cada verano, durante junio, julio y agosto, a unos 200.000 profesionales de la educación.
En opinión de estos sindicalistas esto es “una trampa en el solitario porque alivian los presupuestos autonómicos pero cargan estos trabajadores a la caja estatal de la protección por desempleo.
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