Ciudadanos exigirá un 7% adicional a los que se acogieron a la amnistía fiscal
En el caso de ganar las próximas elecciones generales, convocadas para el 20 de diciembre, o de formar parte del próximo Gobierno, Ciudadanos exigirá que los que se acogieron a la aministía fiscal ofrecida por el Gobierno paguen el próximo año el 7% de los bienes declarados, según ha afirmado el responsable del programa fiscal de la formación naranja, Francisco de la Torre.
La regularización fiscal extraordinaria que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2012 estableció que los defraudadores pagaran el 10% de los capitales, bienes o rentas ocultas al fisco, pero luego la Direción General de Tributos decidió que este porcentaje no se aplicase al capital aflorado sino únicamente a los rendimientos de dichos fondos. De esta forma, Hacienda recaudó 1.193 millones de euros sobre un capital aflorado de unos 40.000 millones, por lo que en realidad pagaron en torno al 3%.
La propuesta del partido de Albert Rivera pasa por que estos defraudadores, unas 29.065 personas físicas y 618 empresas, paguen el 7% restante que contemplaba la norma que aprobó la amnistía fiscal y que permitiría recaudar alrededor de 2.800 millones de euros.
“Vamos a exigir ese 7%, lo vamos a hacer el año que viene, y así vamos a tener un pequeño colchón de unos 2.800 millones de euros”, ha declarado De la Torre. Según ha explicado, ese dinero será muy útil para las arcas públicas, pero la razón principal por la que Ciudadanos quiere que se reclame es porque “las leyes hay que cumplirlas”.
“Si a los contribuyentes que sí pagan sus impuestos se les exige cumplir las leyes, con mucha más razón deben cumplir los defraudadores una ley extremadamente favorable como el decreto ley de amnistía fiscal”, ha manifestado.
A la pregunta de si Ciudadanos pondría esta condición al partido que gane las próximas elecciones generales para facilitar la investidura de su candidato, De la Torre ha contestado que reclamar ese 7% le parece “una exigencia ineludible”, aunque no ha llegado a definirla como una condición sine qua non. “También nos convence muchísimo, y vamos a ponerlo sobre la mesa, el complemento salarial anual, porque es una medida esencial para luchar contra la igualdad”, ha añadido.
En este contexto, ha indicado que las condiciones que se planteen la negociación posterior a los comicios del 20 de diciembre dependerán de los escaños que obtenga Ciudadanos y de otros factores como los compromisos de España con las autoridades europeas.
Por otro lado, De la Torre ha adelantado que, en un “ejercicio de responsabilidad”, Ciudadanos está actualizando su propuesta de reforma fiscal ante la nueva situación creada tras la advertencia de la Comisión Europea sobre el previsible incumplimiento del déficit por parte de España en 2015 y 2016.
Tras criticar los presupuestos “no realistas” del Ejecutivo de Mariano Rajoy y unas previsiones de ingresos “infladas”, ha precisado que los cambios en la propuesta de Ciudadanos pasan por hacer una rebaja fiscal “menor de la prevista” inicialmente en el IRPF a fin de reducir el coste presupuestario y hacerla “asumible por las arcas públicas”. Además, ha indicado que “seguramente” la pospondrían a 2017.
En su programa, el partido de Rivera planteaba reducir a tres el número de tramos en la tarifa general del IRPF -el 18%, el 28% y el 42%, frente a los cinco tramos vigentes actualmente que van del 20% al 47% en 2015 y del 19% al 45% desde 2016- e introducir un complemento salarial anual para las rentas más bajas que genera un derecho de cobro.
Según De la Torre, la idea es mantener el complemento salarial, la medida con más coste del programa fiscal de C's -7.732 millones de euros-, por considerarlo “fundamental” para combatir la desigualdad. Por este motivo, su pretensión es introducirlo al principio de la legislatura.
En la propuesta presentada el pasado abril, Ciudadanos calculaba que su rebaja en el IRPF supondría una disminución de 4.350 millones de euros en la recaudación en 2016, mientras que ahora De la Torre admite que con la nueva situación se tendría que quedar en unos 2.000 millones.
Igualmente, el también candidato a diputado ha afirmado que están revisando otros aspectos de la propuesta de reforma fiscal como pueden ser algunas medidas de lucha contra el fraude y la situación de los derechos y garantías del contribuyente.
Sin embargo, ha señalado que las medidas contra el “capitalismo de amiguetes” y para el fomento de la competencia en la economía de mercado “no cuestan un euro”, por lo que intentarían aplicarlas desde el primer día. “En la medida en que tengamos una economía que funcione mejor y con una menor tasa de desempleo, se nos incrementan los recursos tributarios”, ha apuntado.
Por último, De la Torre ha indicado que, en la nueva versión que presentarán de la reforma fiscal, concretarán cuestiones como la fiscalidad verde, con la que tratarán de promover por ejemplo el uso de vehículos que contaminen menos. Y en política energética, quieren modificar el reciente decreto de autoconsumo eléctrico para reducir la cantidad que deben pagar aquellos cuyas instalaciones de autoconsumo estén conectadas a la red.
Sobre los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno para 2016, ha querido llamar la atención sobre una enmienda introducida en el Senado en la Ley de Presupuestos para modificar el tratamiento fiscal de los activos fiscales diferidos (DTA) de la banca en el Impuesto sobre Sociedades.
En virtud de esa enmienda, los DTA generados antes del 1 de enero de 2016 que estuvieran cubiertos en la garantía recogida en el decreto ley 14/2013 la mantendrán en el futuro. No obstante, si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes.
Según De la Torre, esto supone que se ha creado un tributo (el del 1,5%) en una Ley de Presupuestos, “contraviniendo directamente lo que establece el artículo 134.7 de la Constitución”, de manera que existe el riesgo de que la norma sea declarada inconstitucional. En su opinión, el Gobierno ha tramitado los PGE de forma “chapucera” y “a última hora”, y en la próxima legislatura tendrán que ser revisados, “creando un problema muy grave al siguiente Gobierno”.