Los candidatos recelan ahora de la gestión privada de la sanidad

Los expertos creen que los recortes los marca el mayor o menor nivel de financiación Cataluña destina el 25% del gasto sanitario a conciertos con centros privados

Alejandro Meraviglia

La crisis económica, el desplome de los ingresos y la estricta senda de consolidación de Hacienda, impuesta por Bruselas, obligaron a las comunidades autónomas a sacar de los cajones viejos proyectos que habían abandonado en época de bonanza económica. Y uno de los más llamativos era el de la privatización de la gestión de los servicios públicos. No se sabe si alentados por las empresas susceptibles de hacerse con los contratos o necesitados de ahorros de gasto a corto plazo, los dirigentes autonómicos, en su mayoría populares (el PP salió de las autonómicas de 2011 gobernando en trece de las diecisiete comunidades autónomas) se lanzaron a partir de esa fecha a vender las bondades de una privatización que evitaría más ajustes y que haría sostenible el sistema. Por supuesto sin ningún dato económico probado que avalara ese viraje de lo público a lo privado.

Y se fijaron como primer objetivo el sistema sanitario. No todos por igual. Madrid abanderó la corriente privatizadora y se encontró en el camino con una marea blanca, representada en manifestaciones multitudinarias del personal sanitario y de colectivos sociales. No solo se quedaron en la protesta, sino que llevaron sus reivindicaciones a los tribunales. Y vieron satisfechas sus propuestas con la anulación de las privatizaciones de la gestión, lo que provocó la salida de exconsejero madrileño del ramo, Javier-Fernández Lasquetty, a principios de 2014.

En concreto tuvo que frenar la privatización de la gestión de seis hospitales, cuyo día a día iba a pasar a manos privadas. Fernández Lasquetty justificaba el proyecto en que la atención sanitaria en los hospitales de gestión mixta costaba 600 euros por habitante y en los de gestión privada 441. Desde su salida, el Ejecutivo madrileño paralizó la privatización de la gestión y no tiene intención de retomarlo, pese al aval parcial recibido desde el Tribunal Constitucional, que rechazó la pasada semana un recurso del grupo socialista en el Senado.

En su sentencia, el Alto Tribunal abre la puerta a que cualquier servicio público sea gestionado por terceros o por empresas privadas, ya que considera que la gestión del servicio público de la sanidad en su conjunto sigue estando bajo el manto de la Administración: “No se aprecia, por tanto, que la previsión recurrida ponga en cuestión los rasgos estructurales de la institución de la Seguridad Social, ni que se desnaturalice su esencia”, recalca la sentencia.

Nada más conocerla, la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se apresuró a garantizar que no cambiará el modelo. “Quiero mantener el modelo actual, exactamente el modelo actual: una gestión donde todos los hospitales son públicos y por tanto, gratuitos”. En otras palabras, que los que sean de gestión pública, lo seguirán siendo, y los que sean de gestión privada, como los ubicados en Valdemoro, Torrejón, Móstoles o Villalba, no cambiarán de status quo ya que “son públicos y gratuitos para los ciudadanos”.

Los datos económicos revelan, no obstante, que Madrid no ha sido la comunidad que más ha ahorrado en Sanidad, pese al afán privatizador de la gestión desempeñada por Ignacio González. Un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), hecho público la semana pasada, revela que el gasto por habitante en Sanidad cayó una media del 13,3% entre 2009 2013 con diferentes intensidades.

El copago farmacéutico

Hay comunidades, como Cantabria, en el que creció un 0,2%, o en Asturias, donde bajó un 2,7%. En el otro lado, se sitúan Castilla-La Mancha, con un recorte del 22,2%, y Canarias, con un 20,2%. Madrid ha ahorrado un 11,3%, incluso por debajo de la media del resto de las comunidades.

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, la comunidad que ha rebajado más el gasto sanitario, no renuncia a seguir privatizando la gestión. “Para la próxima legislatura me he fijado sacar la máxima productividad de la sanidad pública. Para ello, siempre defenderé que la titularidad de los hospitales siempre sea pública y la gestión será la que sea mejor para los ciudadanos, la que sea mejor, pero nunca abandonando el concepto de público en los hospitales”, añadió.

El informe del BBVA señala que no es el nivel de renta per cápita lo que determina un mayor o menor gasto autonómico en Sanidad. “Un repaso al conjunto de casos situados por encima y por debajo de la media indica que existen regiones ricas que gastan menos que la media y otras relativamente pobres en las que se gasta más. Así pues, no es el nivel de renta de la región el determinante fundamental de las diferencias, sino el dinero que se le asigna a través del sistema de financiación”, remarca. Y es aquí donde establece las diferencias entre Madrid, claramente infrafinanciada frente al resto, y Castilla-La Mancha, cuyos ajustes responden más a un planteamiento ideológico.

Los datos también revelan que una de las principales fuentes de ahorro ha sido la reducción del gasto farmacéutico, que ha pasado de representar el 22% del gasto sanitario en 2007 al 16% en 2012. La introducción del copago farmacéutico y los decretos para la rebaja de precios seguirán llevando a la baja el indicador de gasto en fármacos, que ha caído un 17% entre 2010 y 2013. Por lo tanto, el recorrido para seguir ajustando el gasto por ese camino parece agotado y la única vía existente, aunque de difícil aplicación por impopular, es el copago sanitario (pagar por ser atendido en atención primaria o urgencias). El gasto sanitario ha crecido a ritmos del 2% anual en la crisis.

Pero, al margen de la privatización de la gestión, existen otros modelos de transferencia de lo público a lo privado. Es el caso de los conciertos financiados con gasto público, que sirven para que centros privados atiendan a pacientes con cargo a las arcas públicas. Aquí sobresale Cataluña, ya que destina uno de cada cuatro euros (el 25% del gasto) a estos conciertos, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Una cifra que no dista mucho de lo que tradicionalmente ha desembolsado, puesto que los distintos Ejecutivos catalanes han creído en ese modelo. En segundo y en tercer lugar, aparecen Madrid, con un 10,8% del gasto, y Canarias, con un 9,9%, aunque con diferentes trayectorias. En el caso de la capital, el porcentaje sobre el PIB ha crecido 2,3 puntos en un año, mientras que en el del archipiélago ha caído cuatro décimas.

La pirámide demográfica de España provocará un vuelco radical en el gasto social en las próximas tres décadas. Así lo pronostica la Comisión Europea, que augura que el gasto en pensiones duplicará al sanitario en 2060. En 2010, el gasto sanitario (que computa el de atención primaria y los cuidados de larga duración) sumaban el 7,3% del PIB; cifra que subirá progresivamente hasta situarse en el 9,3% en 2060. El gasto en pensiones, presionado por el envejecimiento de la población, crecerá mucho más rápido y pasará del 10,1% en 2010 al 13,7% del PIB en 2060. Dicho de otra manera, que España deberá dedicar 20.000 millones más para financiar la sanidad en 50 años y 36.000 para las pensiones.