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El Foco
Tribuna
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Reciclaje con responsabilidad y sin fraude

Ahora que está tan de moda, y además necesitamos tanto vender la marca España, deberíamos aprovechar para potenciar, salvaguardar e incluso exportar aquellos logros –y no voy a hablar de deporte– de los que nos podemos sentir orgullosos. Uno de esos logros es nuestro sistema actual de gestión de residuos electrónicos mediante los denominados SIG (sistemas integrados de gestión) que, a grandes rasgos, están integrados por los fabricantes de productos y bienes que, por imperativo legal, han de responsabilizarse del correcto reciclaje de estos una vez usados.

El modelo español sirve de inspiración en otros países europeos, a la propia UE y a países latinoamericanos

Estos sistemas, que no persiguen lucro alguno, han funcionado de manera muy positiva. Tanto, que el modelo ha servido de inspiración en otros países de nuestro entorno, a la propia UE e incluso a países latinoamericanos, que ahora empiezan a encontrarse con el problema de qué hacer con sus residuos.

Con este modelo hemos trabajado los últimos diez años cumpliendo la normativa europea sobre esta materia de manera satisfactoria e incluso con notable éxito en casos como el de las pilas y las baterías usadas, segmento en el que superamos en más de diez puntos el porcentaje de recogida de este tipo de residuos que marca Europa.

Pero además de recoger y reciclar de manera transparente y responsable, los SIG realizan una labor de I+D+i continua que, solo a modo de ejemplo, nos permite actualmente reutilizar el 93% de los materiales de un PC reciclado, el 90% de un teléfono móvil y el 88% de una impresora, tres de los aparatos de uso más común a día de hoy. Y lo más importante, este modelo ha calado en la sociedad y asegura la participación ciudadana como un vehículo eficaz de canalización de su sensibilidad medioambiental. En definitiva, si el sistema funciona, y de manera ejemplar, ¿lo cambiamos?

Sí, aunque parezca inverosímil, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente plantea este cambio en los documentos de trabajo previos que ha elaborado y que han de servir para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la nueva directiva europea sobre reciclaje que se publicó hace más de dos años. Tal es así, que la primera lectura ha levantado no poco pesimismo entre la industria y entre los profesionales del actual modelo.

La nueva Directiva 2012/19/UE modifica el criterio en el cómputo del objetivo mínimo de recogida. Así se pasa de los 4 kilos por habitante y año, que estipulaba la anterior normativa, a exigir el reciclaje de un porcentaje de todos los productos comercializados en un país, concretamente un 45% en 2016 y un 65% en 2019. A mi juicio, estas ambiciosas cifras son totalmente alcanzables ahondando en el modelo de los SIG, por su capacidad para incrementar su rendimiento actual si se cumplen una serie de requisitos, a los cuales me referiré a continuación.

La sostenibilidad, más que importante, es vital para nuestro futuro como sociedad

El primero de ellos es un marco regulatorio claro y neutro. Nos encontramos en el momento crucial de la transposición de una nueva directiva que mejora y corrige las deficiencias observadas hasta ahora en el sector del reciclaje electrónico. En cambio, el ministerio contempla cambiar total y radicalmente el modelo existente hasta la fecha, apostando por un sistema semejante al inglés que, lejos de conciliar los mejores atributos de este país, ha acreditado una clara tendencia al fraude. La propuesta en la que trabaja el ministerio es hacer descansar sobre los chatarreros el sistema de reciclaje de nuestro país, alejándose del principio de no lucro del sistema actual, a favor de otro en el que la capacidad de obtener beneficios va a determinar esta labor.

No criticamos que los gestores intermedios de residuos (chatarreros) hagan negocio. Su actividad es legítima. Lo que sí es un error es que todo el sistema descanse en ellos como pretende el borrador de la próxima norma. La razón es muy simple: una actividad lucrativa se centrará en los residuos con valor y despreciará aquellos otros cuya gestión sea costosa. A modo de ejemplo, una lavadora usada se está remunerando en casi 20 euros por los chatarreros; sin embargo, un frigorífico requiere un tratamiento de descontaminación y reciclaje muy específico y costoso. Es evidente que los SIG, como entidades sin ánimo de lucro, son los únicos que garantizarán el tratamiento de todo tipo de residuos, tengan o no valor.

Esta diferenciación está propiciando un espectacular aumento de los robos en los puntos limpios y del fraude fiscal, ya que todas las transacciones se realizan sin control. Esto ha llevado a Francia a dictar una norma que obliga a que todos los pagos que se realizan por gestores intermedios deban hacerse con tarjeta o cheque, no permitiéndose el pago en efectivo. En definitiva, tras más de diez años de actividad e inversiones podemos encontrarnos ante un modelo a la inglesa con más de 30 sistemas de gestión diferentes, multiplicación de albaranes falsos que enmascaren la actividad ilícita y que no responderán a la entrega real de residuos.

Otro requisito imprescindible es la realización de campañas de comunicación eficaces, terreno en el que los SIG también tenemos amplia experiencia. Eficaz no es sinónimo de costoso, y un buen ejemplo de ello es la Escuela móvil del Reciclaje que ha visitado más de 500 colegios de toda España, sensibilizando a más 77.000 alumnos sobre la responsabilidad de reciclar, y con unos resultados asombrosos.

Como tercer requisito, abogamos por el control del acceso a los residuos, única forma de evitar los fraudes que actualmente se están cometiendo, y, por último, por una labor sancionadora por parte de la Administración, en la que al margen de las autoridades medioambientales, actúen también los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios fiscales.

En definitiva, la sostenibilidad, más que importante, es vital para nuestro futuro como sociedad y asumir modelos que ya han demostrado su ineficacia para su gestión es un riesgo ilógico y lo peor, absurdo.

José Pérez es consejero delegado de RECYCLIA.

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