La industria reclama a Montoro cobrar sus deudas a 60 días
Las Administraciones empiezan a pagar con mayor celeridad sus facturas pendientes, aunque todavía se encuentran lejos de los plazos legales. Y un buen ejemplo se encuentra en la Federación Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) y en Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos, que concentran gran parte de la deuda sanitaria de las comunidades autónomas. La primera reconoce que en febrero el plazo de pago de la deuda comercial de las administraciones ha tocado mínimos en 20 años (147 días). Ese plazo, sin embargo, quintuplica el máximo legal (30 días). La relación de los proveedores con los laboratorios farmacéuticos ha seguido el mismo camino y la media de pagos se realiza también en cinco meses.
Las empresas están dispuestas a cobrar más allá de 30 días, siempre y cuando se les garantice un mecanismo que a medio plazo evite que se vuelva a formar otra bolsa de deuda comercial que requiera de un nuevo plan de pago a proveedores o de otra dotación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Y de ese mecanismo es de lo que conversaron la cúpula directiva de las dos patronales en la reunión que mantuvieron por separado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. En primer lugar se les explicó a las patronales que Hacienda va a intensificar el control sobre las finanzas de autonomías y ayuntamientos. La novedad más importante es que todas las administraciones deberán cuantificar en un índice el período medio de pago a sus proveedores (PMP). Si supera los 60 días, la administración estará obligada a realizar un plan de tesorería en el que deberá detallar el dinero que va a destinar mensualmente para rebajar su deuda comercial y las medidas (recorte de gasto o incremento de impuestos) para lograr esos recursos. Si una vez planteadas las medidas de corrección, pasarán otros 60 días, Hacienda pasaría a aplicar medidas coercitivas como retener los importes necesarios a satisfacer de los regímenes de financiación de la citada administraciones. Fuentes del sector presentes en la reunión apuntaron a Montoro que esos plazos eran excesivos y propusieron que la retención se produzca de forma automática cuando el plazo medio de pago supere en más del doble el tope legal. Asimismo reclamaron la eliminación de la preferencia de pago de la deuda tributaria sobre la comercial.
Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, advierte que la lucha contra la morosidad podría desvirtuada si en el índice para calcular el mecanismo de cálculo del PMP quedan excluídas las facturas pendientes de pago de 2013 y aquellas por un importe inferior a 5.000 euros. “Suponen el 93% de nuestras facturas”, apunta. Alfonsel también alerta de que la obligación de contabilizar todas sus facturas mediante sistema electrónico no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2015, lo que podría llevar, en su opinión, a que las autonomías no llevarán al día el registro de las facturas impagadas en formato electrónico, tal y como reza la nueva ley de Factura Electrónica.