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Tribuna
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Garantías para luchar contra el fraude

El aumento de la litigiosidad y la complejidad de las relaciones en el ámbito de los negocios han convertido en incuestionable la necesidad de contar con equipos profesionales especializados y con experiencia, tanto en las áreas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción como en el asesoramiento en todo tipo de litigios, ya sea en el orden jurisdiccional o en el orden arbitral o de la mediación.

En los últimos años, la visibilidad y el impacto social, político y económico de los casos de fraude y corrupción han aumentado significativamente tanto en España como en el mundo. La repercusión mediática que han obtenido muchos de estos casos, así como su prolongada duración y el eco que han generado, han propiciado una situación sin precedentes y un rechazo frontal por parte de toda la sociedad civil. Esto ha provocado a su vez una necesidad cada vez mayor y más reconocida, no solo de implantar mecanismos eficientes de prevención y detección del fraude en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, sino de explicar más y mejor a la sociedad en general y a las empresas en particular los mecanismos existentes a su alcance para hacer frente a cualquiera de estas situaciones.

En relación con lo anterior, recientemente la Comisión Europea publicaba un informe sobre corrupción en los países de la Unión y alertaba sobre el coste económico que está suponiendo y supondrá este fenómeno: 120.000 millones de euros anuales. Por otra parte, el último Eurobarómetro señalaba que España es el segundo país de la UE en el que existe una mayor percepción de corrupción generalizada entre los ciudadanos y las empresas. Los españoles son los europeos que se sienten más afectados por el fraude, y el 63% considera que la corrupción les afecta en su vida diaria (frente al 25% de media en la UE). También entre las empresas españolas la percepción de los casos de fraude y de corrupción ha alcanzado dimensiones significativas: un más que rotundo 97% de las compañías españolas declaró que la corrupción está muy extendida en diferentes ámbitos, siendo el segundo porcentaje más elevado de la Unión Europea en cuanto a percepción de la corrupción.

Además, en el mundo globalizado de los negocios en el que nos encontramos, el ámbito de la legislación, tanto nacional como internacional, ejerce cada día una presión más certera sobre todos los agentes económicos participantes y sobre su manera de llevar a cabo los negocios y desarrollar los servicios que prestan. La Foreing Corruption Practice Act norteamericana, la Bribery Act 2010 inglesa, las diferentes legislaciones nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero o la lucha contra la financiación del terrorismo, permiten a diferentes organismos internacionales iniciar investigaciones globales que se extienden a todo el mundo cuyos resultados son de una trascendencia muy significativa para todas las organizaciones implicadas.

Por otro lado, es importante destacar que las empresas que se ven envueltas en litigios precisan de un asesoramiento técnico muy especializado, tanto por la complejidad actual de los negocios en función de la industria a la que pertenezcan como por la internacionalización de los mismos, que obliga a involucrar a profesionales con conocimientos sectoriales muy concretos y concernientes a diferentes países. Como ejemplo de lo anterior cabe destacar los pleitos que se resuelven mediante arbitrajes internacionales, ya sean por disputas entre partes privadas o incluso, como podemos leer todos los días en los medios de comunicación, en disputas que tienen como partícipes a Estados soberanos con distintas multinacionales.

Los retos de los próximos años pasan por continuar reflexionando e innovando para poder dar las respuestas más adecuadas en cada caso a las necesidades reales del mercado, generando así valor añadido a la gestión de las situaciones de conflicto.

Queda mucho trabajo por hacer, pero una de las partes más difíciles ya está muy avanzada: contar con equipos profesionales y especializados, consolidados en el mercado, que cuentan con experiencia nacional e internacional, que acompañan y asesoran a las empresas e instituciones en este camino en aras de ganar en transparencia y, por ende, en competitividad y en capacidad de internacionalizar sus negocios. Con estas premisas básicas, todos saldremos ganando.

 Jorge Lledias es socio de Deloitte

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