Tribuna

Una factura electrónica obligatoria desde 2015

Con unos cuantos años de retraso frente al calendario inicialmente previsto, la factura electrónica se impone. Los importantísimos ahorros que supone para el conjunto de la sociedad son un colosal argumento para su implantación, lo más rápidamente posible, en el conjunto del tejido empresarial.

Las miles de horas de trabajo de múltiples actores dedicadas a este proyecto nacional, los esfuerzos realizados para el desarrollo de la normativa, formato Facturae, aplicaciones, formación, difusión, etcétera, se dan por buenos, porque ¡por fin es una realidad! España era hace 7 años, en la UE, el promotor de los cambios relacionados con factura electrónica pero habíamos perdido el ritmo; y España no está para perder puestos que afecten a la competitividad. La ley 25/2013 de Impulso de la factura electrónica y creación del registro contable obliga a los proveedores de las Administraciones Públicas a emitir facturas electrónicas con formato Facturae 3.2 a partir del 15 de enero de 2015.

Siendo la noticia muy positiva, hay que limar algunos obstáculos. En este sentido, se deben corregir algunos aspectos que pueden retrasar la velocidad de implantación de la factura electrónica, como ciertas exclusiones, la falta de régimen sancionador de las Administraciones Públicas que no cumplan la Ley y los problemas derivados de la falta de normalización de la interoperabilidad de las distintas soluciones de facturación electrónica. Creemos que las exclusiones no tienen mucho sentido por la cantidad de aplicaciones disponibles en el mercado a precios asequibles, incluso gratuitas. Creemos que no se debe propiciar que en la Administración sigan circulando facturas en papel obligando a su tratamiento manual, limitando la capacidad de control y dificultando la aplicación de la Ley de Morosidad. Este tema debería tener, al menos, fecha de caducidad conocida.

La falta de régimen sancionador, puede dar lugar al incumplimiento de la Ley sin que ello tenga consecuencias para quien no cumpla y la falta de normalización de la interoperabilidad va a producir, sin duda, un encarecimiento para todas las pymes, limitando los ahorros de un procedimiento que, por su propia naturaleza, debe aportar grandes mejoras en la eficiencia y productividad.

Sin embargo, hay que resaltar que esta Ley va a mejorar la imagen de España en la UE al situarnos nuevamente en un lugar preferente entre los estados miembros, pudiendo llegar a ser, incluso, un modelo a seguir. Pero para ello y para el despliegue masivo de la factura electrónica será imprescindible que los obstáculos que hemos mencionado se eliminen. La experiencia española puede y debe ser un hito de buenas prácticas en eficiencia y profesionalidad. España tiene nuevamente la oportunidad de ejercer un papel de liderazgo. ¡Estamos obligados a aprovechar esta oportunidad!

Una de las razones que han llevado al Gobierno de España a obligar a facturar electrónicamente a las Administraciones Públicas, es su efecto dinamizador en el tejido empresarial porque, ¿qué ahorros va a suponer este cambio? El grupo de expertos de la Comisión europea de normalización de la facturación electrónica, estimó que los ahorros producidos al sustituir las facturas convencionales por facturas electrónicas son de entre 5 y 15 €euros en la emisión de cada factura y de 20 euros por factura recibida. ¡Impresionante! En los costes anteriores, evidentemente no están contemplados sólo los directos (papel, sobre, franqueo, manipulación… sino todos los relacionados con los procesos de negocio en los que interviene la factura: pedido, proforma, envío, recepción, tramitación, seguimiento, cobro, garantía, casación con pedido, flujo de aprobación, contabilización, control de tesorería, incidencias por errores, declaraciones tributarias, etcétera. Todos ellos, procesos administrativos susceptibles de ser automatizados. ¿No es acaso este ahorro razón de peso suficiente para animar e incluso obligar, a todas las empresas europeas a utilizar la factura electrónica?

Por su especial valor, hay que destacar la creación del Punto General de Entrada de facturas de la Administración General del Estado, ya operativo y conocido como FACe, gracias al cual la mayoría de las Administraciones Públicas podrán recibir las facturas electrónicas Facturae 3.2 disponiendo los proveedores de un registro de entrada y de la información del estado de las facturas, que permitirá conocer si se ha producido alguna incidencia, si la factura está aprobada y cuándo ha tenido lugar el pago. De las que no entren por el punto general, por no ser electrónicas, no dispondrán de información del estado de tramitación, por lo que se considera altamente recomendable que todos los proveedores de la Administración emitan Facturae 3.2.

María Losada es directora general de ZeroComa y Presidente Comisión Factura electrónica de ANEI.