La Audiencia Nacional juzgará a Gayoso y otros cuatro exdirectivos de NCG
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dado el primer paso para sentar en el banquillo al excopresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y a otros cuatro exdirectivos de la entidad (el ex director general, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y el exresponsable de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada) por los presuntos delitos de apropiación indebida o “alternativamente” estafa. También está imputado el abogado Ricardo Pradas, un experto en derecho laboral que asesoró a la entidad gallega, resultado de la fusión Caixanova y Caixa Galicia.
En un auto fechado el 12 de febrero, el magistrado señala que altos directivos de la antigua Caixanova (Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán) “acordaron de mutuo acuerdo con el presidente de la entidad bancaria, Julio Fernández Gayoso, mejorar sus contratos de alta dirección” con el objetivo de preparar su previsible y futura salida de la entidad crediticia. Estas modificaciones, añade el auto, fueron ocultadas primero al consejo de administración de Caixanova y posteriormente al de Novacaixagalicia.
Con posterioridad, el 30 de diciembre de 2010 y coincidiendo con la fusión de las dos entidades gallegas, se modificó el contrato de Francisco Javier García de Paredes, procedente de Caixa Galicia, y se aplicaron “las mismas condiciones” de las que disponían los tres directivos de Caixanova.
En el auto se indica que los exdirectivos habrían procedido “con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia, a disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho”.
En total, los exdirectivos percibieron en concepto de indemnizaciones y prejubilaciones 18,94 millones de euros tras su salida de la entidad. Esta cifra equivalía en torno a un 10% del patrimonio del banco gallego. Cuando recibieron esta cantidad, Novagalicia ya había solicitado el segundo paquete de ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por un importe de 2.622 millones, por lo que los imputados conocían la situación patrimonial de la entidad.
El juez insta al ministerio fiscal a que, en el plazo de diez días, formule escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.