El expresidente de Sacyr vendió acciones antes del conflicto en Panamá
Uno de los consejeros de Sacyr, el expresidente de la constructora, José Manuel Loureda, declaró el jueves, 2 de enero, a la CNMV la venta de 2,87 millones de acciones. Las órdenes fueron cursadas del 23 al 31 de diciembre, en la antesala del conflicto de la empresa con la Autoridad del Canal y cuando los minoritarios de Sacyr carecían de información sobre un posible parón de las obras en el país centroamericano. La comunicación de Sacyr al regulador sobre el conflicto se produjo el jueves, 2 de enero, cuando la cotización de la constructora se desplomó un 9%. Entre el jueves y el viernes se han desplomado un 15%.
El paquete traspasado por Loureda representa el 0,597% del capital y la venta se realizó a un precio unitario de 3,8 euros por título. La acción del grupo constructor cerró el viernes en 3,19 euros tras una nueva caída del 6,8%.
Loureda ha bajado su participación del 9,02% al 8,423%, manteniéndose como segundo accionista tras Demetrio Carceller.
La desinversión se llevó acabo a través de la sociedad Prilou, en la que el empresario controla el 47% del capital y que a su vez es propietaria del 86% de otra sociedad denominada Prilomi, también presente en el capital de Sacyr.
El expresidente de Sacyr, uno de los fundadores de la empresa, viene ejecutando la venta de paquetes en función de la fecha del pago de intereses de los créditos que sustentan su participación en la constructora. Las últimas operaciones son de junio y julio de 2013.
Loureda, consejero de Sacyr, es un hombre con acceso a la máxima información en el grupo. Su hijo, José Manuel Loureda López, lleva el área de negocio internacional y ha estado involucrado en las obras del Canal desde su inicio.
La ministra de Fomento interviene
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y la ministra española de Fomento, Ana Pastor, tienen previsto un encuentro el lunes en Ciudad de Panamá tras el anuncio de Sacyr de una próxima suspensión de las obras de ampliación del Canal.
La titular del Ministerio de Fomento en España, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, viajan este fin de semana a Panamá para intermediar en la grave crisis abierta entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Fuentes oficiales avanzan que la reunión con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, y los administradores de la infraestructura está prevista para este lunes. También estará Manuel Manrique, presidente de la constructora.
El cara a cara tendrá lugar en medio de una fuerte tensión. Sacyr lleva más de un año y medio advirtiendo de sobrecostes en las obras de ampliación de la vía interoceánica. Fuentes cercanas al proceso aseguran que existen más de 50 reclamaciones agrupadas en dos grandes demandas, la primera por 580 millones y la segunda por 850 millones de dólares. Ninguna de ellas ha sido atendida por la ACP.
En una última revisión, la constructora española y sus socios de consorcio (la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA) cifran los sobrecostes en 1.625 millones de dólares. Justo el 50% de un presupuesto de adjudicación de las obras que ascendió a 3.118 millones de dólares en julio de 2009.
Las contratistas remitieron el pasado jueves un comunicado a la ACP notificando la suspensión de las actividades el 20 de enero si no se aportan nuevos fondos a la obra. Desde Sacyr se ha explicado que el consorcio carece de caja para seguir avanzando en el proyecto y ha justificado costes inesperados en la producción del hormigón, las excavaciones o la extracción del basalto necesario para elaborar la propia mezcla con el cemento.
Por el momento los administradores del Canal de Panamá se han limitado a reconocer sobrecostes por 150 millones de dólares por el encarecimiento de la mano de obra local y materias primas como el cemento, el acero y el combustible, tal y como obliga el contrato.
En este contexto, el presidente Martinelli ha instado al consorcio constructor a finalizar las obras y dirimir las diferencias con el Canal sirviéndose de las fórmulas pactadas: negociación entre las partes, intervención de la Junta de Resolución de Conflictos y, por último, un arbitraje internacional. Martinelli también ha recalcado la “responsabilidad moral” de los Gobiernos de España e Italia, sobre la actuación de sus empresas, ante la promesa realizada en 2009 de que tanto Sacyr como Impregilo llevaría a buen término las obras.
El embajador de España en Panamá, Jesús Silva, declaró el viernes a RNE que el objetivo de la expedición española es favorecer el diálogo para culminar las obras de ampliación del Canal, un proyecto que “tiene que salir adelante”.
“Es una cuestión de sentarse a negociar porque cualquier fórmula traumática de rescisión saldría mucho más cara y retrasaría mucho más el proceso”, ha señalado Silva, quien ya ha mantenido contactos con el presidente Martinelli. Este último se disponía a viajar a España para entrevistarse con el presidente español, Mariano Rajoy.
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